Los préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al sector privado, aprobados por las autoridades en los últimos años para la construcción de condominios de lujo en Managua, evidencian el apoyo del gobierno de Daniel Ortega al enriquecimiento de sectores del gran capital, según analistas consultados.
El abogado penalista, Alberto Novoa, dijo que hay una política de Estado para beneficiar a un determinado grupo, mientras el economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó que se apoya el enriquecimiento de sectores del gran capital, con lo que se confirma que “las élites siguen utilizando al Estado como botín para su enriquecimiento inexplicable”.
En enero pasado LA PRENSA publicó que el Seguro entregó 1.2 millones de dólares a una empresa desconocida que “subcontrató” al directivo del sector privado en esa institución estatal, Alfonso Silva, para construir el edificio de apartamentos Planes de Altamira en Managua.
El 28 de julio se describió el caso del empresario Tirso Celedón, vinculado al sector financiero nacional, quien recibió créditos del INSS para la construcción del condominio San Sebastián y Pinares de Santo Domingo y participó como “consultor” en otro proyecto beneficiado: Edificio del Norte.
CULTURA POLÍTICA
Según Vargas, la degradación del quehacer político y económico de Nicaragua se expresa a través de las siguientes características: clientelismo, corporativismo, amiguismo, compadrazgo, tráfico de influencias, conflictos de intereses, capitalismo de amiguetes. “Esto no es algo nuevo, son manifestaciones de la cultura política que afecta a la sociedad nicaragüense que ha impedido que alcancemos altos índices de desarrollo económico sostenible, movilidad social, igualdad de oportunidades y de distribución del ingreso”, sostuvo el sociólogo.
Para Vargas, en las decisiones tomadas recientemente se alteran las prácticas democráticas, las que son aumentadas por la alianza entre el Gobierno y el gran capital.
“Que se apropia del poder y toma decisiones en función exclusiva de los intereses de sus integrantes, transfiriendo riqueza —arbitraria e injustamente— desde los sectores productivos a los grupos de rentistas y financieros”, lamentó.
LAS INVERSIONES DEL SEGURO
El analista financiero José Dolores Gómez dijo que el pecado de estos préstamos es que se hacen de manera directa y, al hacerlo así, se convierten en “préstamos de amigos”.
De acuerdo con los datos oficiales del Seguro, recopilados por Gómez, las inversiones al cierre de 2015 eran de 458.8 millones de dólares, es decir 106.4 millones de dólares menos que en los últimos dos años.
Gómez explica que la disminución ocurre por los quebrantos acumulados en la institución.
“En sus componentes se ven reducidas las inversiones en el Banco Central de Nicaragua (BCN) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) hasta en US$159 millones y por otro lado se favorecen incrementos por US$ 57.1 millones en las Participaciones en Empresas (el INSS actúa como socio). En términos de riesgo y rendimiento la situación es desfavorable”, concluyó Gómez.
LA CALIDAD DEL EMPLEO
El economista Adolfo Acevedo insistió en que el problema de fondo del Seguro es la calidad de empleo generado en Nicaragua.
“No está creando empleos de alta productividad que le permitan al país y al INSS enfrentar el proceso de envejecimiento (de la población) y está asumiendo responsabilidades muy pesadas que no le competen, pero este ya es un problema de decencia mínima. El Estado tiene la responsabilidad de administrar los recursos de los asegurados con la máxima prudencia, máxima eficiencia porque no son de ellos. Hay que reivindicar el derecho de conocer de la ciudadanía lo que se está haciendo con ese dinero y que se emplee de manera más clara, eficiente y transparente”, añadió.
La clave para mejorar la calidad del empleo es diversificar la estructura productiva y para hacerlo se necesita invertir en educación según Acevedo.
EMPLEO INFORMAL
La situación de Nicaragua, sin embargo, está marcada por el empleo informal.“En Costa Rica actualmente el 67 por ciento del empleo es formal, asalariado, la cobertura es del 80 por ciento de la fuerza de trabajo. En Nicaragua solo el 30 por ciento del empleo es formal. Es al revés. ¿Se puede hacer? Sí. El problema es que queremos que esta estructura productiva haciendo lo mismo, nos dé un resultado diferente”, afirmó Acevedo.
Desde el punto de vista legal, el exprocurador general de la república, Alberto Novoa, coincidió con el especialista en seguridad social, Manuel Israel Ruiz.
Ruiz dijo que los directivos del INSS no estaban facultados para realizar préstamos para condominios de lujo.
El artículo 183 de la Constitución dice que los funcionarios solo están autorizados para hacer lo que dicen las leyes, lo que según Novoa evita la discrecionalidad.
Políticos opositores cuestionaron la falta de explicaciones de parte de las autoridades del Seguro Social que guardan silencio.
458.8
Millones de dólares es lo que el INSS tenía invertido al cierre de 2015 según los datos oficiales, publicados en el anuario de la institución, citados por el analista José Dolores Gómez.
ANÁLISIS LEGAL
El jurista Alberto Novoa destacó las operaciones financieras descritas en el caso de Tirso Celedón Lacayo, quien además de recibir créditos, también fue contratado por el INSS para administrar sus bienes inmuebles. “Lo que se pudiera deducir es que hay un tráfico de influencias, porque no es una sola operación, sino que son varias”, dijo. Para él, tanto el funcionario como “el tercero” tendrían responsabilidad ante la ley. En el párrafo segundo, del artículo 450 del Código Penal, se establece que “el particular que influya en una autoridad (…) para conseguir una ventaja o beneficio indebido (…) será sancionado con la pena de tres a seis años de prisión”.
PRIVADOS SE CALLAN
Desde que se publicó la investigación el 28 de julio, LA PRENSA intentó localizar al presidente del Cosep, José Adán Aguerri, y a los presidentes de las cámaras de la Construcción y de Urbanizadores. Sin embargo, sus principales dirigentes no respondieron las llamadas. Falta aún por conocer la posición del gremio frente al caso.