Más de 500 miskitos permanecen refugiados en comunidades fronterizas de Honduras, refleja el primer censo oficial realizado en esa zona por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Según las denuncias de esta organización, el éxodo indígena continúa a vista y paciencia del Gobierno de Nicaragua, que no ha intervenido en los conflictos territoriales de la costa Caribe Norte.
De acuerdo con datos del censo, hay 198 miskitos nicaragüenses en Pranza y 257 en Sují, comunidades fronterizas que visitaron en julio, más 97 en Rus Rus, según un reporte facilitado por líderes indígenas.
“La cifra real puede ser mucho mayor, porque muchos de los que han huido de la violencia de los colonos se han trasladado a comunidades más adentro del territorio hondureño. No solo se está yendo más gente, se están desplazando a lo interno de Honduras”, expone Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan.
Además de contabilizar a los refugiados, Cejudhcan recorrió la zona y entrevistó a las familias miskitas, todo con el permiso de las autoridades hondureñas.
Fue también el Gobierno de Honduras, a través de organizaciones humanitarias, el que, una vez instalados, les facilitó materiales para hacer champas y les daba provisiones.
“Pero les informaron que ya no tenían capacidad para seguirles ayudando, llevan ya casi un año ahí y su propio Gobierno (Nicaragua) no les hace caso”, denuncia Cunningham.
La emigración indígena inició en septiembre de 2015, cuando la invasión de colonos se agudizó y se tornó violenta, las amenazas se tradujeron en ataques armados, secuestros, violaciones y asesinatos.
HUÉRFANOS DEL ESTADO
De los más de 500 refugiados al menos 200 son niños menores de 12 años, según las cifras de Cejudhcan, el resto son mujeres y ancianos. Ellas se dedican a labores de limpieza a cambio de comida o a cultivar tierras prestadas para autoconsumo. Los hombres que hay intentan sacar algo de oro en la zona.
“Es evidente que están en una situación crítica, hay hambruna, desnutrición y enfermedades. No pueden volver a sus casas, no solo porque no queda nada, sino porque tienen miedo”, comenta Lottie Cunningham.
Lorena Godfrin Martínez, de Klisnak, Río Waspuk y refugiada en Sují, relató a la comisión de Cejudhcan que “los colonos no nos permiten acceder a nuestros cultivos, cazan como animales salvajes a los miskitos, esto nos ha causado tanto temor que abandonamos nuestras tierras (…). Las mujeres hemos sido golpeadas y violadas por colonos, por eso huimos, pedimos que saquen a los colonos de nuestras tierras para poder regresar”, citan en el informe. En el testimonio se menciona el sentimiento de abandono que viven las comunidades por parte de las autoridades nicaragüenses y el clamor por que intervengan para recuperar sus territorios y su estilo de vida.
MOVILIZADOS
Otra comisión de Cejudhcan visitó seis comunidades indígenas beneficiadas con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los territorios de Wangki Li Aubra y Wangki Li Lamni, que albergan algunas comunidades movilizadas por el conflicto.
Según sus registros, son más de 100 comunidades las que se encuentran dispersas en el Caribe Norte por la invasión de colonos, que aumentó y se tornó violenta desde 2014. “Estamos hablando de poblados enteros que han desaparecido, como El Cocal y El Naranjal, cuyos miskitos huyeron a comunidades vecinas o a Honduras para salvar sus vidas de los ataques de invasores que están destruyendo sus tierras”, denuncia Lottie Cunningham.
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Gobierno negligente
Organizaciones indígenas de derechos humanos han solicitado al Gobierno de Nicaragua intervenir y garantizar el cumplimiento de la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, que establece el deber del Estado en la protección de sus derechos y su participación en el proceso de saneamiento territorial.
En octubre de 2015 el Gobierno de Nicaragua minimizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia en los territorios indígenas, exponiendo que los conflictos son a causa de delitos comunes y no por el reclamo indígena a sus tierras ancestrales. Hasta la fecha ni la Policía ni el Estado han intervenido en la situación.