Al menos 28 indígenas de comunidades de la costa Caribe Sur y Norte han muerto, otros 38 han resultado heridos y 19 han sido secuestrados en los últimos cinco años, en enfrentamientos contra colonos que los están expulsando de sus territorios tradicionales. Es una guerra ignorada por el Gobierno de Nicaragua y el resto de población del Pacífico.
Los datos, que pueden ser mucho menores a los reales, son los registrados entre 2011 y 2016, según el conteo elaborado por el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), basado en reportes de líderes comunitarios y corroborado con visitas en la zona.
Estos indígenas de la costa Caribe han estado sometidos por décadas al acoso y la violencia por parte de colonos que invaden comunidades y los despojan de sus territorios, pero según registros de organizaciones de derechos humanos, la situación se ha tornado más violenta desde 2014.
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A este saldo rojo que deja el conflicto territorial se suman los más de 500 miskitos refugiados en comunidades fronterizas de Honduras, de acuerdo con el censo elaborado recientemente por esta organización, que también expone la situación crítica que viven los indígenas nicaragüenses en esos refugios: hambre, desnutrición y enfermedades.
Ambas cifras, reconoce Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan, pueden ser en realidad mucho mayores, pero la inaccesibilidad a las comunidades, el miedo a represalias por denuncias y la tensión en la zona dificultan la obtención de un número que refleje la gravedad del asunto.
A pesar de conocer esta situación crítica, el Gobierno y las autoridades de seguridad no han intervenido para frenar a colonos y proteger los derechos indígenas.
En octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para los pueblos indígenas, con el objetivo de garantizar la vida y la integridad de los miembros de las comunidades Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi, pero hasta la fecha no hay presencia policial o militar que resguarde la seguridad en esta zona.
ESTADO CÓMPLICE
“La indiferencia del Estado no hay que verla solamente como omisión, dejar pasar es una forma de actuar. No hacer nada alienta los niveles de violencia, alienta la impunidad, permite que la violencia siga cobrando vidas indígenas y que continúe el desplazamiento forzado”, señala Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En 2015 el Gobierno de Nicaragua expuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la violencia en la zona era a causa de delitos comunes y no de conflictos territoriales.
“Si reconocen que hay personas armadas, deben tomar medidas de Estado, aquí no deben existir más cuerpos armados que no sean las instituciones, pero hay un doble rasero”, denuncia Carrión.
“Apenas aparecen presiones de gente molesta con el Gobierno hacen todo por silenciarlos y niegan la existencia de rearmados, pero cuando hay muertos indígenas en grandes cantidades por colonos armados no han hecho nada por intervenir”, señala. El director jurídico del Cenidh asegura que los mecanismos y medios de denuncia se han realizado a cabalidad, pero si el Estado no tiene la voluntad para resolver la situación, más indígenas morirán defendiendo sus territorios o se verán obligados a huir a otras comunidades.
Arrasan reserva
Alisio Genaro, dirigente mayangna, informó en 2013 a LA PRENSA que en 1987 la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de Bosawas era de un millón 170,210 hectáreas de bosques vírgenes, con aproximadamente 7 mil indígenas habitándola.
Los datos facilitados por el dirigente mayangna apuntaban a que la cifra de 5 mil colonos que se calculaban en 1990 ya se había disparado a más de 40 mil en 2013.
“No hay un conteo real ni de indígenas ni de colonos, pero es claro que el territorio está ocupado por ellos (colonos), hay comunidades enteras que fueron destruidas”, dice Lottie Cunningham, directora de Cejudhcan.
