Organizaciones de la sociedad civil realizaron este martes una autoevaluación de su situación actual, en un contexto en el que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega centralizó la cooperación que recibían de los países donantes, como una forma de castigo para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que tienen una posición crítica ante la administración pública.
La Coordinadora Civil invitó a la doctora Ana María Pizarro, a la socióloga Lea Guido y el municipalista Bayardo Salmerón para que pusieran en contexto la situación social, política y económica del país y su relación con la crisis de la sociedad civil.
La socióloga Guido manifestó que actualmente existe poca autonomía para las ONG que se someten a los lineamientos del Gobierno y, por otro lado, “existe un control y hostigamiento económico para aquellos organismos de la sociedad civil que no simpatizan con este gobierno”.
SOCIÓLOGA: EL RETO ES FORTALECER AUTONOMÍA
Guido expresó que el reto de la sociedad civil es fortalecer la autonomía que conquistó bajo la base de entregar el conocimiento de sus derechos a los ciudadanos, sin depender del Gobierno.
Alejandra Castillo, miembro de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia, expresó a LA PRENSA que la sociedad civil está luchando por seguir ejerciendo su papel beligerante, a pesar de todos los obstáculos.
Una de las conclusiones generales del foro fue que los modelos de desarrollo, que históricamente han existido en Nicaragua, no han dado respuesta a los problemas estructurales que existen en el país.
CASTIGO PARA ONG CRÍTICAS
En 2007, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retornó al poder, inició un proceso para evitar que las organizaciones de la sociedad civil, críticas de políticas públicas no efectivas, dejaran de percibir recursos externos.
Luisa Molina, miembro de la directiva nacional de la Coordinadora Civil, asegura que fue un funcionario del Gobierno quien anduvo por los países donantes, principalmente de Europa y Estados Unidos, con una lista de nombres de organizaciones sociales que no debían recibir recursos.
