“Más barato imposible” repite a viva voz una caraqueña que vende harinas en el mercado de Petare, la favela más grande de Latinoamérica, donde cientos de comerciantes ofrecen productos básicos, generalmente escasos en la nación caribeña, a precios 20 veces más caros que los establecidos por el Gobierno.
A cielo abierto y sin el férreo control de precios que rige en Venezuela desde 2003 esta suerte de mercado negro opera diariamente en el este de la capital venezolana al ritmo del regateo y la compraventa.
El lugar hace las veces de un cintillo de comerciantes informales, quienes se apoderaron de varios kilómetros de aceras sobre las que exhiben a “los más buscados”, como llaman jocosamente a los alimentos y productos de aseo e higiene personal más escasos, mientras intentan establecer un precio casi personalizado con cada comprador.
“Lleve el arroz, 2,400 bolívares el kilo”, corea un joven moreno que intenta vender mientras camina por la muchedumbre, se trata de un buhonero itinerante que, como decenas, encontró mayores ganancias moviéndose por el mercado en la búsqueda de clientes.
Sin embargo, el paquete de arroz que el joven agita sobre sus brazos tiene marcado un “precio justo” establecido por el Gobierno venezolano, que cifró en 120 bolívares el kilogramo, una cantidad 20 veces menor a la vociferada por el comerciante como una “ganga”.
Así, todos los productos básicos cuyos precios de venta al público están determinados por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) pululan en el mercado informal de Petare a precios que superan desde 5 y hasta 100 veces la cantidad prescrita en envases y empaques.
ASÍ EMPIEZA
Estos “bachaqueros” —como llaman en Venezuela a los revendedores— compran al por mayor los productos básicos a proveedores de la más variada procedencia o hacen cola durante horas en las afueras de establecimientos comerciales formales para cazar lo que sea que ofrezcan ese día, lógicamente, a precios regulados.
Una vez que el artículo regulado está en su poder, que pudiera tratarse de un desodorante, café molido o azúcar, este es llevado a Petare donde adquiere inmediatamente el precio que se cotice en ese momento en el mercado, con lo que obtienen generalmente 2,000 por ciento de ganancias por cada producto.
El economista venezolano Luis Vicente León explicó a que la caída de la producción y de las importaciones en el país petrolero, aunado al control gubernamental sobre el comercio de productos básicos, hizo recrudecer la escasez y permitió la subida de los precios en el mercado negro hasta superar tarifas internacionales.
“El año pasado el sobreprecio en los regulados era de 10 a 15 veces. En el primer trimestre de este año llegaron a 80 veces, pero eso ha venido cambiando, porque hay precios regulados en los que el Gobierno ha permitido aumentos de hasta de un 1,000 por ciento, pero solo en algunos productos”, indicó.
El economista estima que el sobreprecio actual en el mercado negro oscila entre 50 y 60 veces más caro y cree que el aumento salarial, decretado el viernes pasado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no afectará las tarifas en lugares como Petare “porque el diferencial es tan alto que no está definido por los costos laborales o de producción”.
A RIESGO DE SER DETENIDOS
Por su parte, la Sundde fija los precios de los alimentos, los artículos de higiene o aseo personal y de los estacionamientos —único ítem que escapa del sobreprecio—, y sanciona a quienes incumplan las tarifas establecidas.
Con este afán, ha multado panaderías, ferreterías, tiendas departamentales, farmacias, supermercados, fábricas y, más recientemente, visitado mercados populares para “luchar” contra los llamados bachaqueros.
El pasado 14 de julio la Sundde se presentó en el agitado bazar petareño, decomisó más de una tonelada de productos alimenticios regulados y detuvo a 29 personas por la reventa de esos artículos, según informó el Gobierno.
Estas inspecciones las hacen funcionarios civiles y militares dentro de la llamada Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS) comandada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y creada por Maduro para hacer frente al desabastecimiento.
En este sentido el mandatario venezolano ordenó, la semana pasada, la intervención militar de los mercados municipales para “sanear esos antros” donde, según dijo, operan mafias que incurren en delitos como narcotráfico, prostitución y trata de personas.
Con todo, un jabón de baño marcado en 10 bolívares cotiza esta semana en Petare por encima de los 1,000 bolívares, lo que supone un precio 100 veces más alto que el regulado.
Mientras los venezolanos sufren por la inflación más alta del mundo, grupos de amigos, jóvenes en solitario, amas de casa y personas dedicadas tradicionalmente al comercio informal acuden cada día a Petare para intentar revender los productos con los que hayan logrado hacerse para obtener ganancias.
CEAL “preocupado”
Los empresarios latinoamericanos están “muy preocupados” por la situación económica de Venezuela, dijo el presidente internacional del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Ingo Plöger, en Nicaragua.
“Nosotros estamos muy preocupados con esto, porque Venezuela es un país maravilloso, tiene potenciales increíbles, es un pueblo educado, tiene organizaciones, pero la economía está un poco mal”, sostuvo.
Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que Venezuela cerrará este año con una recesión de -8.0 por ciento, lo que se suma a medidas “compensatorias” como el racionamiento de los servicios básicos, así como la reducción del gasto público.
“Es más fácil de parar”
El experto y economista uruguayo Guillermo Calvo se refirió a la situación de la economía en Venezuela, país en el que la inflación se ubica en tres dígitos, a la que calificó como “totalmente fuera de control”.
Pero en su opinión, por experiencias internacionales, la hiperinflación es “más fácil de parar” que la inflación baja, debido a que está asociada a un sistema que “no se sostiene para nada”.
Estas declaraciones las brindó durante el desarrollo de las XXXI Jornadas Anuales de Economía, que organiza el Banco Central de Uruguay, donde insistió en que los bancos centrales de América Latina deben aspirar a mantener una tasa de inflación “baja y consistente”.
