Mientras sigan sin ser localizados los cuerpos de los dos indígenas miskitos asesinados por colonos en La Esperanza, territorio de Wangki Li Aubra , aumenta el temor y la zozobra entre los comunitarios por la situación de violencia en la zona del Río Coco.
“Esto porque todavía no tiene informe de un grupo de hombres del lugar que salió el domingo a buscarles. Y porque por la mañana de este martes 23 de agosto salió otro grupo hacia la montaña que va armado con viejos fusiles 22 y escopetas”, señala el juez comunitario Berardo Rodríguez, quien agregó que estos pueden llegar a toparse con los colonos porque también estos se movilizan por esos lados.
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Gerardo Chale Allen, de 30 años y Lenín Pedro Parista, de 28 años, son los dos comunitarios que fueron secuestrados el 18 de agosto tras una emboscada realizada por un grupo de colonos a indígenas del lugar. Aparentemente los dos comunitarios murieron poco después.
“La población está triste porque el gobierno no apoya y permite que sigan matando a los miskitos”, expuso Rodríguez, vía telefónica.
Susana Marley, a cargo de la comisión de la sociedad civil en Waspam, denunció que continúa el derramamiento de sangre en territorios en conflictos porque los colonos están bien armados con fusiles AK.
“Ya los miskitos no pueden sembrar, no pueden ir a buscar tubérculos, musáceas para alimentar a sus familias porque ellos están cazando a los miskitos, secuestrando, torturando y asesinando”, manifestó Marley, quien recordó que pese a que hay leyes que amparan a los indígenas aún no realizan el saneamiento territorial.
QUE GOBIERNO LES RESPONDA
Aracely Thomas Tilleth, de la Comisión Indígena del Caribe norte y sur, dijo que aunque los indígenas son parte de una misma nación “nos sentimos totalmente apartados de toda la sociedad en general”. Señaló que la situación de violencia afecta a los niños tanto en la salud como en la educación.
Laura Padilla, vocera indígena del Caribe sur exigió al gobierno “que escuche el clamor de los pueblos indígenas miskitos” y les de respuesta urgente a las demandas de saneamiento de sus territorios.
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comunidades indígenas miskitas han sido beneficiadas en menos de un año con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con medidas cautelares.
