Que las universidades y escuelas cobren los aranceles en córdobas; que las recargas en la telefonía celular tengan como mínimo un mes de vigencia; que se cree una comisión que atienda las quejas colectivas de los usuarios de los servicios de las urbanizadoras, y que los estudiantes tengan una instancia para atender sus quejas contra las instituciones educativas, son algunas de las propuestas que recoge una iniciativa de reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas y Usuarias que está en manos de la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional.
La propuesta, presentada por la diputada independiente Licet Rosario Montenegro Altamirano, también sugiere la creación de una Procuraduría Nacional del Consumidor, que tendría entre sus funciones “pedir informes a las empresas denunciadas, ministerios y entes reguladores de los casos que no sean resueltos en los parámetros legales establecidos”.
En la Procuraduría Nacional del Consumidor, que tendría un plazo máximo de 60 días para resolver las denuncias o demandas administrativas, estarían representaciones de los entes reguladores, de la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas, Consumidoras y Usuarias (Diprodec), Procompetencia y representantes de organizaciones de consumidores.
De aprobarse esta reforma, esta sería la primera vez que se ajustaría desde que entró en vigencia la Ley 842 hace tres años, a la que además de incorporar nuevos articulados se ajustarían otros, según se lee en la iniciativa.
INSTANCIA PARA QUEJAS CONTRA URBANIZADORAS
Pero, ¿qué propone en concreto dicha iniciativa de reforma a la Ley 842? Entre los aspectos espinosos se incorporan regulaciones en sectores como empresas médicas previsionales, telecomunicaciones y urbanizadoras.
El artículo 19 da poder a los consumidores de denunciar a las empresas previsionales ante la Diprodec con quejas relacionadas con el maltrato, discriminación y malas prácticas del servicio médico que estas ofrecen.
Una vez recibida la denuncia, la Diprodec elaborará en coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social un informe al respecto “para analizar el comportamiento de estas EMP (Empresa Médicas Previsionales) para con los usuarios”. En la misma iniciativa, sin embargo, no se contemplan tipos de sanciones en caso que el usuario gane la demanda.
También se propone en el Artículo 52 imponer mayores regulaciones en el sector urbanizador. Para esto, se crearía una comisión que estaría integrada por la Diprodec, el Instituto de la Vivienda, Urbana y Rural, el Consejo Superior de la Empresa Privada, representantes de la Alcaldía de Managua, aseguradoras, entre otras.
“La comisión conocerá de los casos ya antes expuestos para su estudio y emitirá resoluciones vinculantes sin detrimento de acceder a los trámites administrativos convencionales, según los entes de regulación y leyes especiales”, se establece en dicho artículo.
Igualmente se plantea que las tarifas de servicios básicos que las urbanizadoras cobran a los habitantes de estos complejos habitacionales sean las establecidas por los entes reguladores.
RECARGAS NO MENOS DE UN MES DE VIGENCIA
En cuanto al sector de telecomunicaciones, en el artículo 84 la iniciativa apunta a que las empresas de este tipo están obligadas a “informar detalladamente sobre las llamadas y saldos a todos los usuarios. Los pagos y cobros se efectuarán en moneda nacional que es el córdoba, y que el cambio oficial sea basado en lo que establezca el Banco Central de Nicaragua”.
Sobre las recargas telefónicas se sugiere que estas tengan un periodo de vencimiento de un mes como mínimo y “que las promociones especiales dispondrán de publicidad general para exponer el valor real del minuto en tiempo aire”.
Además se exige que las empresas de telecomunicaciones garanticen servicio de calidad, es decir de buena señal de cobertura de red durante las 24 horas, tanto en la telefonía básica como celular.
ATENDER QUEJAS DE LOS ESTUDIANTES
Además de obligar a las casas educativas a cobrar los aranceles en córdobas sin previo convenio con el estudiante, se propone crear una Oficina de Atención a los Estudiantes, que deberá estar coordinada por un personal capacitado por la Diprodec en tema de consumidores, “con el objetivo de dar respuesta y de llevar proceso en lo que respecta a las faltas al buen trato y las disposiciones reguladas por la ley”.
Igualmente se ordena incorporar en la currícula la asignatura de los Derechos de los usuarios y consumidores.
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PROMOVER LA LEY
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, Marvin Pomares, considera que aún es muy prematuro para introducir reformas a una ley que apenas tiene tres años de estar vigente, aunque admite que la misma es muy poco conocida por los consumidores nicaragüenses.
Pomares recuerda que antes de la ley actual, que estaba vigente apenas la conocía el uno por ciento de la población y que esta iría por ese mismo camino si no se logra que las empresas se preocupen por educar al consumidor sobre sus derechos.
Para el representante del Indec crear instancias que recojan las quejas de los consumidores sería burocratizar el proceso de denuncia, aunque reconoció que las actuales instituciones encargadas de vigilar aspectos como telecomunicaciones, urbanizadores y universidades tienen una actitud pasiva ante las quejas de los consumidores.
Para Pomares la Ley 842 “es muy buena, es una ley que realmente protege a los usuarios y consumidores”, pero lo que se debe hacer es obligar a los reguladores a cumplir en su papel de proteger a los consumidores. “Aquí lo que hay que obligar es a las instituciones públicas y privadas para que estas den a conocer la ley. Lógicamente que las instituciones privadas no van a querer dar a conocerla porque la ley va en su contra”, afirmó Pomares, al tiempo que apeló a que las empresas la promuevan en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.
NACE DEL INTERÉS DE LA POBLACIÓN
La iniciativa de reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas y Usuarias, según la diputada Licet Montenegro, surgió del Movimiento de Defensa a los Consumidores, los que vieron la necesidad de que se dote de mayor mecanismos de protección a los consumidores nicaragüenses en áreas como telecomunicaciones, urbanizadoras y empresas médicas provisionales.
“Estos son temas que lo estamos viviendo los consumidores y que necesitan una solución”, dijo al tiempo que espera que pronto se incorpore a la agenda del parlamento.
¿Prosperará la iniciativa?
La diputada Licet Montenegro Altamirano admitió que sin voluntad de los partidos políticos que están representados en la Asamblea Nacional, en su mayoría del Frente Sandinista, difícilmente su iniciativa prosperará, aunque resaltó la necesidad de proteger a los consumidores en las áreas donde se está proponiendo regulación. Montenegro reconoció que desde que el partido de Gobierno es mayoría en la Asamblea Nacional la mayoría de las iniciativas a favor de los nicaragüenses y presentada por la oposición o diputados independientes han pasado a comisiones o a plenario para discusión y aprobación. “Hay varias iniciativas que nosotros presentamos y no pasaron ni siquiera a comisión, pero mi trabajo y el trabajo de todos los que estamos acá es abordar temas de interés y que benefician a la población, allá si a la mayoría que está en esta Asamblea no les interesa, el pueblo los va a juzgar”, sostuvo.
