El Gobierno de Daniel Ortega aplica una política migratoria contradictoria pues mientras restringe el ingreso al país a migrantes que buscan usar como tránsito el territorio nacional o impide el ingreso a defensores de derechos humanos y misioneros; permite el fácil acceso a personas que son investigadas en sus países por sospechas de corrupción, critican los representantes de organizaciones de derechos humanos.
Nicaragua se ha convertido “en nido de delincuentes internacionales”, donde le dan refugio a terroristas, narcotraficantes y corruptos, criticó el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quien refirió que “es un mal mensaje a la comunidad internacional donde Nicaragua premia a los corruptos, a narcotraficantes, terroristas se sanciona a aquellos que vienen a contribuir con el desarrollo del país”.
UN PAÍS CÓMPLICE
Para Carmona el hecho de que Nicaragua sirva de refugio a personas vinculados a hechos delictivos atenta contra la estabilidad del país y “nos volvemos un país cómplice”.
El pasado 6 de agosto el Gobierno anunció la intensificación de los controles en los puestos fronterizos bajo el alegato de “prevenir hechos delictivos” relacionados con el crimen organizado.
En las últimas horas se ha conocido la presencia en el país de dos políticos centroamericanos señalados de corrupción en sus países. El exmandatario de El Salvador, Mauricio Funes, quien enfrenta una investigación en su país y el expresidente del Parlamento de Guatemala, Luis Rabbé Tejada, a quien la pasada semana la Corte Suprema le decidió levantar la inmunidad para que pueda ser investigado por corrupción.
PUERTA ABIERTA A CORRUPTOS
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, criticó el contraste de que haya un muro de contención para los migrantes pese a que son personas que viajan en completa desprotección, mientras se les facilitan el acceso “desconociendo todo tipo de razones y motivaciones razonables … a extranjeros investigados por sus estados”.
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Recordó Carrión que el Estado de Nicaragua está comprometido a prevenir la corrupción y no puede dar refugio o asilo a personas investigadas en sus países por corrupción y Nicaragua estaría incumpliendo el propio ordenamiento constitucional.
Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) manifestó que esto demuestra la debilidad existente en las instituciones del estado y la institucionalidad , también denota que es un Estado insensible frete a los derechos humanos de los migrantes.