El anuncio del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de que después de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, llegaron a un acuerdo definitivo para alcanzar la paz, ha merecido un jubiloso reconocimiento internacional.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unasur, los Estados Unidos y gobiernos de los países que ejercen influencia internacional, coinciden en valorar el acuerdo de paz como un acontecimiento histórico y trascendental, para Colombia y toda la América Latina y el Caribe.
En realidad, el acuerdo no significa la paz plena y definitiva en Colombia. Seguirán combatiendo las agrupaciones armadas irregulares denominadas Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), integradas por guerrilleros de tendencia comunista, y las Bacrim (Bandas criminales), formadas por antiguos miembros de organizaciones paramilitares que se niegan a desmovilizarse y entregar las armas.
Sin embargo, las FARC, que tienen más de siete mil combatientes y controlan la mayor parte del negocio criminal de las drogas, constituyen la principal organización armada subversiva y el pacto de paz con ellas puede influir sobre las otras agrupaciones guerrilleras, para que también acepten la paz.
Pero no todos en Colombia valoran como bueno el acuerdo de paz del Gobierno con las FARC. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y sus partidarios, consideran que dejará en la impunidad las atrocidades cometidas durante medio siglo por las FARC, ya que nadie irá a la cárcel con solo que reconozca sus crímenes. Además, creen que el acuerdo es una claudicación de la democracia ante una agrupación comunista que cuenta con ingentes recursos económicos, amasados mediante el narcotráfico, que quiere tomar el poder para establecer en Colombia un régimen de corte totalitario.
En efecto, sin perjuicio del reconocimiento de que la paz es un bien jurídico y una condición social que beneficia a todos, se puede ver fácilmente que los acuerdos de La Habana favorecen particularmente a las FARC, que a partir de ahora, mediante elecciones y con financiamiento del Estado, podrán optar a alcanzar el poder que nunca pudieron conquistar a través de la guerra. De comienzo, todos los miembros de las FARC serán subvencionados por el Estado y la organización tendrá representantes en la Cámara de Diputados y el Senado, primero con voz pero sin voto y a partir de las elecciones de 2018 con derechos plenos.
El acuerdo del gobierno colombiano con las FARC confirma la enseñanza de la historia, de que cuando un conflicto armado termina sin vencedores ni vencidos —como es el caso de Colombia ahora y fue el de Nicaragua en los años noventa del siglo pasado, con el acuerdo de paz con los Contras—, no se hace verdadera justicia y los crímenes de guerra quedan impunes.
El criterio que ha prevalecido siempre en esos casos, y que al parecer es el mismo de los actuales gobernantes colombianos, es que la paz está por encima de todo y que por ella se debe pagar el precio que sea.
