El 39 congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exhortó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a presentar el informe sobre Nicaragua en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20, de la Carta Democrática Interamericana.
En una resolución de urgencia sobre los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses la FIDH igualmente instó a la comunidad internacional, Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)a monitorear permanentemente la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
La FIDH expresa su preocupación sobre los hechos dados a conocer por la organización afiliada en Nicaragua como es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), por cuya organización asistieron al congreso su presidenta, Vilma Núñez y su director, Mauro Ampié.
En la resolución son mencionados como puntos de preocupación la suspensión de la representación al Partido Liberal Independiente (PLI), la destitución de los 28 diputados ante el Consejo Supremo Electoral, que desconocieron la representación de Pedro Reyes y la candidatura a la presidencia de Daniel Ortega, por tercera ocasión y de de su esposa Rosario Murillo, a candidata a la vicepresidencia, ambos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Lo que según la FIDH “crean las condiciones para que se dé una sucesión familiar en el poder, atentando contra principios democráticos esenciales”.
Ya antes ese mismo congreso había expresado su preocupación por la falta de información a los nicaragüenses en relación al proyecto de construcción del Canal Interoceánico.
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APUNTA A UN ESTADO AUTORITARIO
La FIDH con sede en París, está integrada por 178 organizaciones de cien países del mundo, la que apunta que la situación expuesta por el Cenidh “constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que las mismas apuntan a la consolidación de un Estado autoritario”.
A su vez, considera el congreso de la FIDH que estas son señales claras de que en Nicaragua se impulsa un régimen de partido único “ que pretende perpetuarse en el poder comprometiendo el desarrollo de esta nación centroamericana, que continúa siendo el segundo país más pobre del continente”.
“Estos actos contravienen el pluralismo político, el carácter republicano de la forma de Estado y de gobierno, así como la democracia representativa, establecidas en la Constitución de Nicaragua y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por este país”, apunta la FIDH.
