El presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Reyes Vallejos, instalado en ese cargo por una resolución judicial, informó que sus diputados propietarios tendrán que rotarse con sus suplentes en las curules. Y advirtió que el que se oponga a esta decisión será sancionado por el partido “que es el dueño del curul”.
Según la información publicada ayer por LA PRENSA, el Comité Ejecutivo del mencionado grupo político ha dispuesto que los 19 diputados propietarios que tiene actualmente en la Asamblea Nacional, y los que vaya a tener el próximo año de acuerdo con la asignación que le toque en la farsa electoral de noviembre, tendrán que ceder los cargos a sus suplentes durante cuatro meses del año con goce pleno de sueldos y beneficios adicionales.
Sin embargo, esta medida es absurda en lo que respecta a los diputados actuales del PLI, que no tienen suplentes y solo les quedan tres meses de ejercicio. Además, para ser legal la rotación obligatoria de los diputados propietarios con los suplentes se debería establecer en la Constitución, o al menos en la Ley Orgánica del poder legislativo que consigna los derechos y privilegios de los legisladores.
Pero aunque no sea legal, es entendible la pretensión de rotar a los diputados propietarios con los suplentes. Desde la reforma constitucional orteguista de 2014 los diputados ya no representan al pueblo directamente, ni a los ciudadanos que votan por ellos, sino a los partidos políticos que los postulan y por eso mismo son los dueños de las curules, como dice el presidente del PLI.
Debido a esa reforma constitucional, en el sistema de gobierno orteguista la función legislativa ha dejado de ser un servicio público de representación popular y se ha convertido en una ganga política. Esto se comprende mejor si se toma en cuenta que cada diputado propietario recibe del Estado —o sea de los nicaragüenses que pagan impuestos—, 94,400 córdobas mensuales en concepto de sueldo y para gastos complementarios. Además, también recibe del erario unos 33,330 córdobas mensuales, más o menos, como “fondo social” del diputado que sirve para la promoción de su imagen política personal, los gasta de manera discrecional y del cual no todos rinden cuentas.
Esto significa que cada diputado propietario obtiene de los fondos del Estado —o mejor dicho de los contribuyentes— más de un millón seiscientos mil córdobas cada año, que suman unos ocho millones de córdobas en los cinco años del período legislativo. A lo cual se debe agregar que el diputado suplente tienen una asignación mensual equivalente a la sexta parte de la que recibe el propietario, ya sea que lo supla o no.
Está claro, pues, que la rotación obligatoria de los diputados propietarios y suplentes no sería para promover la democratización interna del partido, ni para mejorar el servicio público de los parlamentarios y la calidad de la función legislativa. El propósito es repartir más “equitativamente” el botín del cargo parlamentario, el cual, ni siquiera en los peores tiempos de “la chanchera” somocista —como calificaron los sandinista al Congreso Nacional de la época de los Somoza— se envileció tanto como ahora, bajo la dictadura orteguista. Otra razón para no tener por quién ni por qué votar.
