El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, se pronunció el lunes de esta semana por una mayor independencia entre los poderes del Estado.
En una reunión de representantes de la empresa privada con el Banco Central, Healy argumentó que “tenemos que tener una división de poderes para que (el país) se vuelva atractivo y el inversionista sienta que va a venir a invertir a un país donde los poderes verdaderamente son independientes”.
Sin duda que el dirigente de Upanic tiene razón. Se conoce muy bien que, por lo general, los países donde no hay independencia de poderes —lo cual es condición de la gobernabilidad democrática— son atrasados y pobres porque la falta de institucionalidad frena el desarrollo económico y causa estancamiento, fragmentación social, pobreza y exclusión humana. En cambio, prácticamente todos los países desarrollados y prósperos tienen libertad económica y política, los poderes del Estado son independientes, existe seguridad jurídica, las instituciones democráticas funcionan satisfactoriamente y los ciudadanos practican con libertad el autogobierno, mediante elecciones transparentes y competitivas.
Pero la división de poderes no es necesaria solo para obtener más inversión privada e impulsar un crecimiento económico sostenido, lo cual es ya muy importante. La división de poderes también es indispensable para la gobernabilidad política democrática, para que funcione la democracia republicana que se basa en la alternabilidad en el poder, el pluralismo político, la libertad de prensa irrestricta y demás bienes jurídicos y valores políticos que dignifican la vida individual y social.
Nicaragua es, en teoría, una república que se funda en la independencia de poderes. Los cuatro poderes del Estado (Legislativo, Judicial, Ejecutivo y Electoral) supuestamente tienen el mismo nivel de autoridad y cada uno tiene facultad de vigilar que los otros poderes no cometan abusos contra las personas y el Estado.
En principio eso es correcto y no significa que un poder estatal obstruya el funcionamiento de los demás, pues por mandato de la misma Constitución los poderes del Estado se coordinan armónicamente en el cumplimiento de sus funciones, cada uno haciendo contrapeso al otro y actuando cuando sea necesario y de acuerdo con la ley, para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y velar por el bien común.
Pero en Nicaragua eso es solo letra constitucional. En los últimos 10 años se ha perdido en este país la independencia de poderes y no existe más el sistema de controles y balances, principio sagrado de la república democrática. A pesar de lo que dice la Constitución, los poderes legislativo, judicial y electoral han sido subordinados al Ejecutivo, sometidos inclusive al control personal de un caudillo autocrático y su cónyuge, lo que ha socavado la institucionalidad democrática y amenaza el futuro de la actividad económica y empresarial.
De allí que ha sido muy bueno y oportuno que el presidente de Upanic aprovechara la reunión de representantes empresariales con autoridades del Banco Central, para abogar justamente por “una mayor independencia entre los poderes del Estado”.