El Ministerio de Hacienda deberá explicar a la Comisión de Probidad del Parlamento si efectuó el pago de indemnización a 2,335 ex cañeros de los ingenios azucareros privatizados, tal y como lo aprobó el poder legislativo el año pasado.
La explicación se requiere porque a la Comisión de Probidad llegó nuevamente un reclamo de la misma cantidad de excañeros exigiendo que el Estado les indemnice.
“Necesitamos analizar bien esta solicitud porque ya hubo un finiquito de parte de la Asamblea Nacional el 25 de agosto del año pasado, donde se cerraba este caso con (la aprobación del) desembolso de la indemnización de parte del Gobierno”, dijo Hugo Ruiz, presidente de la Comisión de Probidad.
El grupo que reclama que se le indemnice trabajó en el ingenio Benjamín Zeledón, ubicado en Rivas, cuando pertenecía al Estado en los ochenta.
Lea también: Gobierno paga a los excañeros
Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó en 2015 un decreto enviado por el Ministerio de Hacienda que permitía indemnizar a 2,335 extrabajadores excluidos y complementarios en el proceso de privatización de los ingenios.
Se estableció en 3 mil dólares la indemnización a cada beneficiario, pago que se sustenta en la firma del acuerdo marco de entendimiento entre el Estado de Nicaragua y estos extrabajadores cañeros pertenecientes a la Asociación de Ex Trabajadores Cañeros de Nicaragua (Asocan).
“Parece que no llegó a sus manos el pago y lo están reclamando”, dijo Ruiz, quien es uno de los legisladores del PLI que sustituyeron a los opositores destituidos por negarse a reconocer a las nuevas autoridades del partido.
SE APROBÓ US$6.8 MILLONES
Douglas Alemán, vicepresidente de la Comisión de Probidad y diputado sandinista, explicó que el acuerdo de indemnización a los excañeros aprobado asciende a 6.8 millones de dólares.
“Para esto se autorizó al Gobierno de Nicaragua contraer una deuda (pública) de 6.8 millones de dólares (para pagar a los excañeros)”, afirmó Alemán.
Según el acuerdo legislativo, los extrabajadores de los ingenios azucareros privatizados a indemnizar por parte del Estado deben aparecer registrados en la planilla de los mismos al 26 de marzo del año 1992.