Casi dos meses han pasado desde la fecha en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debía dictar sentencia sobre el recurso de amparo presentado por el movimiento campesino anticanal, para que la Asamblea Nacional de trámite la iniciativa ciudadana de ley para la derogación de la Ley del Gran Canal (Ley 840).
Sin embargo, los campesinos consideran que la CSJ ha cometido retardación de justicia, por lo que ayer presentaron un escrito de impulso procesal.
En el escrito presentado por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía alega que la junta directiva de la Asamblea Nacional no fundamentó el por qué se declararon incompetentes para tramitar la iniciativa ciudadana de ley.
“Violentando con ello de forma injustificada nuestro derecho de participación ciudadana y contraviniendo estándares internacionales en materia de derechos humanos respecto del ejercicio real de los derechos políticos”, indican en el escrito.
Francisca Ramírez Torres, coordinadora del consejo, señaló que las marchas simultáneas realizadas el 31 de agosto, demuestra que cada día son más los que se oponen a la Ley 840, por lo que “el consejo espera la respuesta de las autoridades judiciales a esta enorme movilización”.
DIPUTADOS SANDINISTAS JUSTIFICAN
Los sandinistas, que dominan la Asamblea Nacional, dan justificaciones confusas para frenar la aprobación de la propuesta de ley de derogación de la Ley 840 o del Gran Canal Interoceánico, que demandan miles de campesinos que están en contra de la obra.
Alba Palacios, diputada sandinista y primer secretaria de la Asamblea, alegó este jueves que no pueden tramitar la Iniciativa Ciudadana de Ley para la derogación de la Ley 840, porque existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechaza un amparo presentado contra la Ley 840, y por tanto no pueden dar trámite a otra ley que va en contra de la decisión del máximo tribunal.
“Vamos a hacer muy claros, la iniciativa de ley que se introdujo en torno al Canal lo que tocaba era reavivar un amparo que se había hecho a la Corte, donde ya hubo una sentencia (al respecto). Como ya había una sentencia y lo que recogía la iniciativa de ese proyecto de ley – el que yo creo que las personas no tuvieron la asesoría suficiente – era exactamente lo que habían introducido ante la Corte, y la Corte ya se había pronunciado. Entonces el Parlamento no tramitar una ley que iba a violentar lo que la sentencia había resuelto”, dijo Palacios.
La iniciativa ciudadana de ley fue presentada el 7 de abril de este año y rechazada al día siguiente.
EN ALERTA PERMANENTE
El Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía aseguró que “se mantiene alerta permanente y no permitirá que el proyecto se desarrolle en sus comunidades”. El proyecto del Gran Canal Interoceánico ocuparía una franja de 278 kilómetros de longitud desde Brito, Rivas, hasta Punta Gorda, Caribe Sur. Para la construcción de este megaproyecto se verían miles de familias campesinas de Rivas, Río San Juan y Caribe Sur desplazadas.
