El Juzgado Penal de San Carlos, zona norte de Costa Rica, dictó seis meses de prisión preventiva contra una banda nicaragüense detenida el viernes por trata de personas para explotación sexual, cuyas víctimas eran en su mayoría mujeres de Nicaragua y República Dominicana.
Los procesados son una pareja de hermanos nicaragüenses de apellidos Rivera Carrión, la mujer está naturalizada costarricense y tiene 39 años de edad, y el hombre es de 37 años de edad y con cédula de residencia en Costa Rica.
Ambos eran líderes de la banda, según la Policía Profesional de Migración de Costa Rica. Los otros tres detenidos y encarcelados son la hija de la líder de 39 años, de apellidos Rivera Carrión y de 22 años de edad, naturalizada costarricense al igual que la madre; así como dos mujeres de apellidos Hernández Gonzales y Hernández Valle, nicaragüenses, quienes se encuentran de manera irregular en el país.
Las prisiones preventivas fueron dictadas por el Juzgado Penal, a las 11 de la noche del domingo, tras una maratónica audiencia en los Tribunales de San Carlos, en la que las víctimas declararon cómo fueron engañadas por esta red que en León, Nicaragua, les ofreció trabajo como meseras de bar en Costa Rica, pero que estando aquí, las obligaban a prostituirse.
El argumento acogido por el Juzgado de parte de la fiscalía, era el peligro de fuga de los acusados o la posibilidad de que obstruyan la investigación.
Detenciones
Según la Dirección General de Migración y Extranjería, la Unidad de Investigación de la Policía Profesional de Migración realizó el pasado viernes 2 de septiembre tres allanamientos en la zona de la Fortuna de San Carlos, donde desarticularon a la red.
En los allanamientos, realizados en el Bar Los Acostados, Bar El Tenampa y Bar Los Horcones, se detectaron siete personas menores de edad, cinco hijos de las posibles víctimas de trata y dos que fueron abordados las órdenes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
En la operación policial, las autoridades encontraron a más de 30 mujeres, en su mayoría nicaragüenses, además de costarricenses y una de nacionalidad dominicana, todas posibles víctimas de trata. También decomisaron dinero, documentos y teléfonos móviles.
De acuerdo a la investigación, las nicas eran contactadas en León por Hernández Valle, quien les proponia la oferta de trabajo. Posteriormente, las víctimas eran trasladadas a Costa Rica, de forma irregular. Una vez instaladas en los bares, les indicaban que ellas tenían que desempeñarse como trabajadoras sexuales y no como meseras. A las mujeres se les prohibía salir de los locales, bajo amenazas.