Entre el año 2009 y 2015 —cuando Costa Rica reformó su Código Penal e incluyó a la trata de personas como delitos— 20 mujeres nicaragüenses y 1 hombre de la misma nacionalidad, fueron tratados con fines de explotación sexual y laboral hacia este país.
En ese período los tribunales costarricenses dictaron ocho sentencias por estos delitos, en los cuales detectaron 127 víctimas, entre ellas los 21 nicaragüenses y el resto provenientes de países como Costa Rica, Vietnam, Indonesia, Filipinas, El Salvador, República Dominicana, Colombia, China, Venezuela, Honduras, México y Sudáfrica; según la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Factra).
En cuanto a los delitos, la mayoría (61) de casos fueron de explotación laboral, seguido de sexual (36), tráfico de órganos (12), explotación laboral y sexual (10), servidumbres (3), para actividad delictiva y otros.
Uno de los casos más sonados en el que estaban involucradas mujeres nicaragüenses ocurrió en marzo de 2013. Nubia Castro Rivera, hoy de 35 años, fue detenida y luego condenada a 27 años de cárcel por trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
Tras varios allanamientos, las autoridades costarricenses rescataron a siete menores —cuatro originarias de Nicaragua— en un bar de Puerto Viejo de Sarapiquí, Caribe norte de Costa Rica, fronterizo con Nicaragua.
Ahí, según las autoridades, las víctimas eran obligadas a prostituirse por Castro Rivera y la también nicaragüense Carmen Sandoval. Cuando la Policía allanó el bar, una de las menores estaba en un cuarto con un cliente.
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Una de las jovencitas, de 15 años, relató que fue traída desde Nicaragua con la promesa de trabajar como niñera, pero fue obligada por las dos mujeres a prostituirse a cambio de 10 mil colones (unos US$20) y la obligaban a consumir drogas.
Además de las menores, los agentes rescataron a una nicaragüense de 28 años, quien también fue traída a Costa Rica por medio de engaños. Le dijeron que sería mesera, pero la prostituyeron y la despojaron de sus documentos de identidad para que no pudiera fugarse.
Castro Rivera, en entrevista con LA PRENSA a finales del año pasado, desde la cárcel de mujeres, ubicada al sur de San José, negó la mayoría de los cargos. Reconoce que era dueña de un bar donde tenía cuartos de alquiler para mujeres que se acostaban con los clientes, pero a su juicio, lo hacía como una actividad normal que se repite en toda Costa Rica.
Traficantes detenidos
El caso más reciente es el de una banda conformada por una familia nicaragüense que fue desarticulada el viernes pasado en la zona de La Fortuna de San Carlos, zona norte. Ahí la Policía Profesional de Migración y otras instituciones, capturaron a cinco sospechosos de traficar con nicaragüenses, ticas y dominicanas para explotarlas sexualmente.
Según el director de la Policía Profesional de Migración, Steven Madden, durante los allanamientos en tres bares se encontraron cerca de 30 mujeres, pero aún la coalición contra la trata y tráfico de personas están certificando cuántas eran realmente víctimas de este delito.
De las 18 nicaragüenses que eran vejadas en esos lugares, cuatro escaparon un día antes del operativo, 11 se acogieron al plan de protección de víctimas y testigos, por lo tanto, reciben asistencia de parte de la coalición contra la trata de personas, para reinsertarse socialmente; y tres no quisieron recibir acompañamiento estatal porque argumentaron que se prostituían por voluntad propia.
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“Las mujeres acreditadas como víctimas, se someten a programa de asistencia, se les mantiene en monitoreo constante y podrían acceder a todos los servicios que tenemos las personas acá en nuestro país, no solo nicaragüenses, sino de otra nacionalidad víctimas de redes de trata”, explicó Madden.
“Las nicaragüenses que entraron de manera irregular al país y no son certificadas como víctimas, se les hará un análisis individual por caso y no es que nuestro país vaya a sacar a las personas ni mucho menos, sino empezar a valorar cuál es el estatus, si en algún momento han tenido trámite migratorio, para así tomar una decisión propiamente administrativa”, añadió.
Ayer se conoció que uno de los bares situado en Chachadua de San Ramón, donde fueron halladas cinco nicaragüenses forzadas a la prostitución, fue incendiado la madrugada de ayer.
Vulnerables a la trata
Aunque el Organismo de Investigación Judicial no realizó investigación en el último caso, su director Walter Espinoza, explicó que “cuando identificamos un caso de trata, en primer lugar es identificar a las víctimas, segundo rescatarlas y tercero restituirles su derechos como personas. Luego de todo eso nos ocupamos de la sanción penal efectiva, que es la instauración del proceso judicial”.
En el caso de nicaragüenses, dominicanas y colombianas víctimas de este delito en Costa Rica, Espinoza añadió que “muchas de las víctimas sometidas a trata viven en condiciones difíciles desde la perspectiva económica, pocas posibilidades de trabajo, nivel educativo bajo, vienen de familias disfuncionales”, dijo el director del OIJ.