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José Ramón Ramos

Cultura de denuncia

¡No quiero problemas! ¡No me importa!, son frases comunes de quienes no quieren o temen denunciar injusticias, abusos, nepotismo político o religioso, maltrato, corrupción e inmoralidades y otros delitos. ¿Por qué? Porque no existe cultura de denuncia ni de participación ciudadana: la gente pesa la denuncia con el tiempo que puede perder en citas por recibos alterados de agua, luz o teléfono, dinero en transporte y pérdidas de horas laborales que no están al alcance de todos. Otro factor es el simulacro de inspección de  las autoridades. Finalmente la desconfianza ciudadana hacia la administración pública y los altísimos datos de impunidad del país debido a las influencias de amigos o parientes en las esferas del poder político o porque las personas adineradas sobornan a las autoridades, la Biblia dice (Amos 5:12; Isa. 5:23, etc.).

La sociedad tiene una gran responsabilidad frente a la denuncia, por cuanto es en ella donde se convive, acepta, encubre y calla la corrupción. Se acepta cuando se soborna para obtener un favor. Se encubre cuando el miedo se apodera de quien denuncia y por temor al estigma guarda silencio; se calla por apatía, por no perder beneficios, un trabajo, o ver su imagen social  desprestigiada por desleal. Muchos de los males sociales pudieran evitarse si se denunciara a tiempo aunque sea a través de las redes sociales.

Muchos victimarios de niños, ancianos y mujeres, quedan impunes por falta de una cultura de denuncia. Es necesario una ley coercitiva para que los ciudadanos no se hagan de la “vista gorda” en perjuicio de la víctima cuando sean testigos y se les castigue con la ley cuando se desentiendan de hechos punibles, ya que el silencio, la abstinencia de denuncia, se convierte en complicidad y cristianamente es pecado de omisión (Stg. 4:17).

Los niños, los minusválidos y los ancianos enfermos no tienen quién los defienda, solo cuentan con la denuncia que hagan en su favor, y mientras la sociedad no adopte una cultura de denuncia, aunque existan leyes al respecto, este mal continuará. Es necesario que el Gobierno invierta en el fomento de esta cultura para evitar aquellas conductas que lesionan la integridad física, emocional y espiritual.

Al Gobierno parece no interesarle esta problemática social y prefiere cargar al gasto público las consecuencias de la abstención social de la denuncia. Existe mucha propaganda partidaria y construcciones que no traen beneficio social y se minimizan las denuncias de indígenas, del despale en la Costa Atlántica, sin el menor beneficio para sus habitantes.

No denunciamos a los policías corruptos porque nos beneficia pagando menos de lo que cuesta la multa, ni los CPC que trabajan con el gobierno sandinista denuncian los  expendios, tampoco la falta de personal para resguardar el orden en las visitas a los privados de libertad en el Sistema Penitenciario, el maltrato a los animales, el irresponsable uso del agua, etc.

La cultura de denuncia es un valor cívico que  busca defender lo noble y digno, desechando lo que degrade el entorno. Pero esta confianza de que las instituciones llevarán por buen cauce el reclamo hecho por víctimas o testigos está minada. Cuando estas variables fallan, la población no denuncia, se vuelve apática y en este contexto ¿quién tiene la culpa? ¿El Gobierno o la ciudadanía?

El autor es pastor evangélico.

Opinión denuncia archivo
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