El Comité para la Protección de los derechos de los trabajadores migratorios de las Naciones Unidas recomendó a Nicaragua llevar a cabo “una investigación en profundidad” sobre las muertes recientes de inmigrantes y los malos tratos en las fronteras del país, así como adoptar todas las medidas necesarias encaminadas a la prevención de estos casos en el futuro. Igualmente externó preocupación por la disposición de traslado de políticas de asistencia consular del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Gobernación
“El Comité está profundamee preocupado por las muertes de 10 a 12 migrantes haitianos irregulares en tránsito en el Estado parte . El Comité está profundamente preocupado por los informes sobre el uso de la fuerza de la Policía nicaragüense y las fuerzas militares y de seguridad al manejar miles de inmigrantes cubanos y haitianos, así como los inmigrantes de diferentes países africanos intentan cruzar el Estado parte en su camino a los Estados Unidos, en su frontera con Costa Rica en los últimos meses” , señala en parte de las observaciones del reporte final que sobre Nicaragua hace ese Comité de la ONU después de haber examinado al país entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, según el reporte publicado este 13 de septiembre en el sitio web de esa organización.
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Igualmente por el limitado papel de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales y por el miedo expresado de prestar asistencia humanitaria a los migrantes indocumentados ante las amenazas del Gobierno de penalizar ese apoyo. Y que los pocos mecanismos interinstitucionales existentes no están en funcionamiento desde hace más de un año.
“Asegúrese de que todas las medidas encaminadas a hacer frente a la migración irregular de los migrantes no afectan negativamente a los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familias, y que dichos trabajadores migratorios y miembros de sus familias reciban la asistencia necesaria y proporcionaron garantías del debido proceso”, señala ese comité.
El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, manifestó que muchas de las preocupaciones recogidas en el reporte han sido expresadas en su momento por ese organismo. Recordó que el Cenidh alertó de la violencia con que fueron tratados primero los migrantes cubanos y luego los africanos y haitianos por parte de las fuerzas de las instituciones regulares. Y la intransigencia del Gobierno en reconocer que estos tienen derechos aún cuando no porten documentos.
“Nicaragua como Estado miembro de Naciones Unidas debería implementar las recomendaciones de este Comité, sin embargo, hemos visto a lo largo de los años que la voluntad de implementar las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas y, de los órganos de tratado ha sido inexistente”, dijo Ampié.
El Comité recomienda al Gobierno de Daniel Ortega en representación del Estado de Nicaragua abordar el tema basado en los derechos integrales de los migrantes y a abstenerse a utilizar fuerzas de seguridad y militares.
“Al Comité le preocupa que la Ley de Migración y Extranjería no considera la detención de los migrantes irregulares como excepcional y de medida de último recurso (artículo 160), y no se prevén alternativas a la detención”, señala en las observaciones el Comité que a su vez plantea la preocupación por el uso frecuente de la detención y la multa para liberar a los migrantes detenidos, en lugar de establecer un acuerdo de garantía y custodia por alguna organización de la materia por lo que recomienda a Nicaragua velar por que sus leyes, políticas y prácticas respeten adecuadamente el derecho a la libertad y la prohibición de la detención arbitraria de los migrantes y de sus familias. Y en particular le recomienda al Gobierno incluya en la Ley de Migración y Extranjería , de forma prioritaria, que la detención de los migrantes sólo será utilizada como una medida excepcional compleja.
El Comité está preocupado por la falta de información con respecto a la función específica de la Oficina de Defensa de Derechos Humanos en materia de migración, su independencia, la existencia de mecanismos de denuncia accesibles a los migrantes y la realización de visitas a la detención de los migrantes y los centros de privación de libertad.