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Se puede evitar las sanciones

Como es  sabido,   en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) se está tramitando una “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, con el objetivo de  sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos al sistema  democrático.
Esta iniciativa de ley ya fue aceptada por un subcomité legislativo  y en el caso de que sea   aprobada de manera definitiva, posiblemente el próximo año, el gobierno estadounidense  tendría que oponerse a todos los préstamos de instituciones financieras destinados al Gobierno de Nicaragua, aparte de otros impactos comerciales   colaterales que podrían ser muy  perjudiciales para la economía nacional.

Estados Unidos es el primer socio comercial de Nicaragua, el principal proveedor de inversiones y la mayor fuente de las remesas familiares,  que sostienen en gran medida la economía nacional. De manera que no resulta difícil comprender que la aplicación de sanciones como las que prevé la legislación que se ha comenzado a discutir en el Congreso estadounidense, podría ser catastrófica para Nicaragua.

Sin embargo,   es posible  evadir los efectos  de esa ley,  inclusive  evitar que sea  aprobada. La razón que alegan  los congresistas estadounidenses  para justificar esa iniciativa de ley,  es algo que el Gobierno de Nicaragua está obligado a cumplir y debería hacerlo sin necesidad de que nadie se lo exija. Es una   obligación  establecida en la misma  Constitución Política de Nicaragua,  así como en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, en  los Acuerdos de Esquipulas II  y en las declaraciones internacionales de derechos humanos.

Se trata de que las elecciones en Nicaragua tienen que ser  libres, justas y transparentes, a partir de las cuales se  pueden resolver  los otros graves problemas institucionales que sufre el país,  como  la concentración de  poderes en manos del ejecutivo, falta de independencia de la justicia, ausencia de control sobre los actos de gobierno, monopolización de medios de comunicación y restricciones a la libertad de información, etc.

Cabe señalar que no han sido las denuncias de la oposición nicaragüense las que han motivado la iniciativa de ley que se tramita  en  EE.UU. para sancionar al régimen de  Ortega. Son las acciones dictatoriales  del régimen orteguista las que han motivado a los congresistas gringos a impulsarla. Y  en este caso Ortega no  puede ampararse en  los principios de autodeterminación nacional y no injerencia en los asuntos internos, porque estos no son para proteger a  gobernantes que   violan    los derechos democráticos de sus ciudadanos.

A estas alturas  es prácticamente imposible que  la farsa electoral del 6 de noviembre sea suspendida.  Pero si hubiese interés  en  corregir los errores y voluntad para    respetar la Constitución nacional y la Carta Democrática Interamericana, Daniel Ortega podría perfectamente, en acuerdo con la oposición política y demás fuerzas vivas de la nación, encontrar la fórmula adecuada  para realizar   tan pronto como sea  posible unas   elecciones libres, competitivas y limpias, con la debida observación electoral nacional e internacional.

Editorial EE.UU. Nicaragua OEA sanciones archivo

COMENTARIOS

  1. Gustavo
    Hace 8 años

    El Cmdt. ya lo dijo, el estaba en el juego democratico porque no tenia alternativa. La democracia no es de su interes, todos los demas estan equivocados. Los 80 muestran la importancia que el despota le da a la opinion de legisladores gringos.

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