Como es sabido, en el Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) se está tramitando una “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, con el objetivo de sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos al sistema democrático.
Esta iniciativa de ley ya fue aceptada por un subcomité legislativo y en el caso de que sea aprobada de manera definitiva, posiblemente el próximo año, el gobierno estadounidense tendría que oponerse a todos los préstamos de instituciones financieras destinados al Gobierno de Nicaragua, aparte de otros impactos comerciales colaterales que podrían ser muy perjudiciales para la economía nacional.
Estados Unidos es el primer socio comercial de Nicaragua, el principal proveedor de inversiones y la mayor fuente de las remesas familiares, que sostienen en gran medida la economía nacional. De manera que no resulta difícil comprender que la aplicación de sanciones como las que prevé la legislación que se ha comenzado a discutir en el Congreso estadounidense, podría ser catastrófica para Nicaragua.
Sin embargo, es posible evadir los efectos de esa ley, inclusive evitar que sea aprobada. La razón que alegan los congresistas estadounidenses para justificar esa iniciativa de ley, es algo que el Gobierno de Nicaragua está obligado a cumplir y debería hacerlo sin necesidad de que nadie se lo exija. Es una obligación establecida en la misma Constitución Política de Nicaragua, así como en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, en los Acuerdos de Esquipulas II y en las declaraciones internacionales de derechos humanos.
Se trata de que las elecciones en Nicaragua tienen que ser libres, justas y transparentes, a partir de las cuales se pueden resolver los otros graves problemas institucionales que sufre el país, como la concentración de poderes en manos del ejecutivo, falta de independencia de la justicia, ausencia de control sobre los actos de gobierno, monopolización de medios de comunicación y restricciones a la libertad de información, etc.
Cabe señalar que no han sido las denuncias de la oposición nicaragüense las que han motivado la iniciativa de ley que se tramita en EE.UU. para sancionar al régimen de Ortega. Son las acciones dictatoriales del régimen orteguista las que han motivado a los congresistas gringos a impulsarla. Y en este caso Ortega no puede ampararse en los principios de autodeterminación nacional y no injerencia en los asuntos internos, porque estos no son para proteger a gobernantes que violan los derechos democráticos de sus ciudadanos.
A estas alturas es prácticamente imposible que la farsa electoral del 6 de noviembre sea suspendida. Pero si hubiese interés en corregir los errores y voluntad para respetar la Constitución nacional y la Carta Democrática Interamericana, Daniel Ortega podría perfectamente, en acuerdo con la oposición política y demás fuerzas vivas de la nación, encontrar la fórmula adecuada para realizar tan pronto como sea posible unas elecciones libres, competitivas y limpias, con la debida observación electoral nacional e internacional.