En septiembre/16, irónicamente Mes de la Patria, la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN) recibe una propuesta de reforma al Presupuesto General de la República (PGR-2016) de parte del poder ejecutivo. La Reforma a la Ley No. 918, Ley Anual del PGR/2016, presentada, muestra un monto de C$63,312.9 millones, frente a una estimación de ingresos de C$65,451.6 millones que representa un aumento de C$2,138.7. lo que significa 2.0 por ciento del PGR vigente y 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde hace varios años, se ha hecho una costumbre, casi, un formato propio del PGR, realizar reforma al contenido presupuestario y maliciosamente, lo hacen en el último trimestre de cada año. Con el agravante que en este periodo existen pocos días activos, laboralmente hablando, no hay posibilidad de ejecutar proyectos en el país, por razones políticas y culturales. Hay un ambiente vacacional, ya sean estas legales o ilegales.
La reforma presupuestaria del 2016 muestra cinco debilidades, propias de una administración pública inconsistente e incoherente: Primera, hacer reforma al PGR de forma sistémica significa ser ineficiente, al no saber presupuestar realistamente. Segunda, los ingresos se sub/calculan para luego decir que hubo sobrerrecaudación fiscal, que tampoco es cierto. Tercera, la administración pública muestra desde el PGR poco interés por practicar el ahorro nacional y se dedica a gastar y gastar solamente. Cuarta, incrementa los montos ya presupuestados, repitiendo las prioridades, mismas que no se relacionan con el desarrollo sostenible del país. Quinta, ninguno de los dos poderes del Estado (legislativo/ejecutivo) presentan informe de impacto de la ejecución presupuestaria anual.
Cuando presupuestamos, estamos obligados a realizar un análisis preventivo e ideal sobre lo que sucederá en el futuro, por eso se llama presupuesto. No es un asunto de estar ajustando en la marcha. A menos que se presente un hecho totalmente imprevisto, un cambio dramático en el ambiente externo o interno, o bien un fenómeno natural, que altere las condiciones normales del país.
La empresa recaudadora de impuestos sabe perfectamente cómo se desarrollan los movimientos recaudatorios. Conoce el techo tradicional de ingresos. No es cierto que los contribuyentes pagan más. Lo que se muestra es un cálculo por debajo de lo que realmente se recaudará en un periodo determinado. Existe una subvaloración de los montos de ingresos y luego se anuncian como éxitos recaudatorios.
En la reforma al PGR de septiembre 2016, se notan efectos negativos y contraproducentes para educación y salud. Ambas instituciones sufren cortes presupuestarios, al menos de 590 millones y lo acompañan con una declaratoria oral que posiblemente le serán reasignados más adelante. Aspecto que nunca sucede. Ambos ministerios se les acusa de no ejecutar en tiempo y forma lo presupuestado. Contradictorio a esto, entre el Ministerio de Gobernación, la Policía y el Ejército se les incrementan en casi 600 millones de córdobas conjuntamente. Y se adiciona al Consejo Supremo Electoral (CSE) 65.5 millones, siendo esta institución ineficiente y con ninguna credibilidad ciudadana.
Tanto en el PGR-2016, como en su reforma de septiembre, no logramos observar inversiones para el desarrollo sostenible. En su mayoría, el 65 por ciento son gastos corrientes, es decir, solo consumo. Tampoco, se muestra interés en recursos tecnológicos, ni para la modernización del modo de producción nacional. Ciertamente, las decisiones presupuestarias son preocupantes y sin promesas de cambio para el progreso, ni el desarrollo.
El autor es sociólogo e Investigador Social
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