La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la legislación Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708, cuyo objetivo es que ese país vote en contra de la aprobación de préstamos al gobierno que preside el inconstitucional presidente Daniel Ortega.
La Ley conocida como Nica Act, cuyos autores son los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros internacionales sean votados por Estados Unidos, a menos que el gobierno de Ortega tome medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.
Ros-Lehtinen, presidente del subcomité del Medio Oriente y África del Norte, declaró que Daniel Ortega continúa consolidando poder y pisoteando las Leyes en el país y los cimientos democráticos, una situación que ha generado inestabilidad política y económica en Nicaragua.
“Este proyecto de ley está dirigido a Ortega para que él y su régimen tomen responsabilidad por la violación a los derechos humanos y a la manipulación del proceso electoral para su propia ganancia”, afirmó la legisladora.
La aprobación de la Ley coincide con una visita a Washington de la embajadora de EE.UU. en Managua, Laura Dogu.
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Funcionarios corruptos en la mira
En adición, el Nica Act está solicitando al Departamento de Estado la publicación de un reporte de los altos funcionarios del régimen nicaragüense involucrados en actos de corrupción. La Ley se refiere a funcionarios en instituciones como el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y Corte Suprema de Justicia “que están directamente involucrados en actos de corrupción pública y violación de derechos humanos”, especifica.
Se trata de las instituciones que excluyeron a la oposición de participar en las elecciones de noviembre próximo.
LA PRENSA conoció que el Congreso también está solicitando al secretario del Tesoro que elabore un reporte sobre el manejo de las finanzas del gobierno de Ortega.
“Desde el año fiscal 2012 a la fecha, el Departamento de Estado encontró que Nicaragua no cumple con los estándares internacionales de transparencia fiscal”, justifica la Ley.
“Al aprobar esta Ley, la Cámara de Representantes está tomando acción para prevenir el acceso a fondos internacionales para el gobierno de Daniel Ortega, hasta que promuevan reformas a la democracia, fortalecimiento a la institucionalidad y la autoridad de la ley, respeto a los derechos humanos y hasta que Nicaragua tenga elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales”, sostuvo Ros-Lehtinen.
El congresista Albio Sires, miembro de alto rango del subcomité del Hemisferio Occidental, dijo que EE.UU. debe mantenerse firme contra Ortega, “mientras este se esfuerce por sofocar el proceso democrático e intente crear una dinastía, nominando a su esposa como su compañera de fórmula”.
Sires señaló que “Ortega y sus cómplices piensan equivocadamente que Estados Unidos va a ignorar las acciones autocráticas y políticas corruptas que lo han convertido en uno de los hombres más ricos en Nicaragua, mientras los nicaragüenses luchan para sufragar sus necesidades cotidianas”.
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Sorprende rapidez
“Es sorprendente la celeridad con que la Cámara de Representantes ha aprobado el Acta Nica, al igual que el proyecto de ley haya sido aprobado por unanimidad y que su envergadura haya sido ampliada para incluir el tema de la corrupción. Ahora veremos cuánto tiempo se tomará el Senado para actuar sobre el Acta y si aprobarán una versión diferente, que tendrá que ser consensuada”, dijo el excanciller y exembajador de Nicaragua en Washington, Francisco Aguirre Sacasa.
Según Aguirre Sacasa, el Congreso solo está reaccionando a una serie de acciones del gobierno de Ortega que “ha despertado un avispero en el Congreso estadounidense. Y confirma algo que he venido diciendo: que ahora Daniel no tiene ni amigos ni defensores en el Capitolio y en los dos grandes partidos norteamericanos… En conclusión, la situación es preocupante, muy preocupante”, resaltó.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, se mostró preocupado ante el primer paso del Congreso y explicó que las repercusiones se podrían ver en las nuevas inversiones que Nicaragua capta de ese país.
“Preocupado por esa decisión que se ha dado muy rápido. Preocupado en el sentido de las implicancias para el esfuerzo por desarrollar la economía de este país”, aseguró Aguerri vía telefónica.
El presidente de la cúpula empresarial agregó que es un buen momento para que el Gobierno pondere su actuar ante la situación que se vive previo a las elecciones de noviembre próximo.
Mala señal
Para Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), esa aprobación unánime es solo un primer paso y considera necesario esperar el proceso que toma para que la Ley sea totalmente aprobada por la Presidencia de ese país.
“Sí causa temor, sobre todo porque Estados Unidos es el principal socio económico de Nicaragua”, añadió el empresario.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección, Dean García, quien también dijo que era prematuro un pronunciamiento, accedió a explicar que todas esas decisiones se convierten en una amenaza para el futuro.
Los datos de la Comisión Nacional de Zona Franca confirman que más del 60 por ciento de las exportaciones de Nicaragua bajo el régimen de zona franca se realiza hacia empresas en Estados Unidos, siendo las maquilas textiles las que más aportan a ese porcentaje.
Así se aprueba una Ley en Estados Unidos
Cualquier miembro del Congreso, en el caso del Nica Act, la Republicana Ileana Ros-Lehtinen, de Florida, y el demócrata Albio Sires, de Nueva Jersey, introduce un proyecto de Ley.
El proyecto de Ley se envía al comité que tiene jurisdicción sobre el tema. El comité organiza una audiencia. A veces puede haber audiencia en un subcomité, pero este no fue el caso del Nica Act, cuya audiencia se realizó en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara el pasado 15 de septiembre.
De ser aprobado, se envía al plenario para su debate y votación. En el caso del Nica Act ocurrió anoche (21 de septiembre) y fue aprobado, según anunció la representante Ros-Lehtinen, por unanimidad.
El proyecto aprobado se enviará a la otra Cámara. En este caso se enviará al Senado, donde el senador republicano, Ted Cruz, ex precandidato presidencial, introdujo hace dos semanas un proyecto similar.
En caso de que las versiones aprobadas en la Cámara y la aprobada en el Senado tengan diferencias muy grandes, se forma un comité conjunto que busque homogeneizarlas y que la nueva versión sea aprobada por cada Cámara.
El proyecto aprobado es enviado al presidente, quien lo firma y se convierte en Ley. Si el presidente no toma ninguna acción en 10 días, el proyecto automáticamente se convierte en Ley. El presidente, si se opone a la legislación, puede vetarla.
Si el presidente veta la legislación, el Congreso puede anularla con el voto de dos tercios de los miembros presentes, siempre y cuando haya suficientes para hacer quórum.
Proyecto ya en el Senado
La iniciativa para castigar al gobierno de Daniel Ortega ya fue introducida en el Senado por el senador Ted Cruz, desde comienzos de septiembre. El senador republicano de Texas ya hace gestiones para que la iniciativa sea aprobada también por la Cámara Alta. De ser aprobada, aplicar o vetar la Ley estaría en manos del presidente de Estados Unidos.