Organismos de derechos humanos coinciden en que el único responsable de la iniciativa de ley “Nica Act” promovida en Estados Unidos contra el Gobierno de Daniel Ortega, es el mismo presidente inconstitucional.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, expresó que la situación es bien preocupante pues existe la posibilidad de que quien resulte afectado será el país.
“Hay que ir a las causas porque en el derecho existe la teoría de la con causa, que la causa de la causa, es causa del mal causado, entonces la causa de todo esto son los desmanes o atropellos y los abusos, violaciones a los derechos humanos destrucción de la institucionalidad, corrupción a la que Daniel Ortega ha llevado al país y que ha tenido repercusiones en el exterior”, expresó la presidenta del Cenidh.
Manifestó Núñez que “es un cinismo de parte de voceros del Gobierno …pretender pensar que fueron denuncias de determinadas organizaciones o de la oposición las que convencieron a la Cámara baja de representantes de Estados Unidos para emitir por unanimidad y rápidamente esta (iniciativa). Ya quisiera que hubiera ese poder de convocatoria y ese poder de convencimiento de la población nicaragüense para hacer reaccionar al mundo y de despertar la solidaridad que en un tiempo tuvimos.
La defensora de derechos humanos no descartó que sea utilizado el nacionalismo contra de un sector de la población y se recrudezca la represión y empiecen a objetivizar aquellos sectores que ellos creen fueron los que convencieron a los representantes estadounidenses. Núñez recordó que uno de los argumentos de la iniciativa Nica Act es la violación sistemática de los derechos humanos.
“Ortega debe rectificar”, sostuvo la defensora de Derechos Humanos quien considera que lo adecuado es que se deben posponer las elecciones “,mientras se transforma sustancialmente y de raíz el sistema electoral de Nicaragua”.
Destacó la presidenta del Cenidh: “El panorama que se avecina en Nicaragua después de las elecciones es un panorama de consolidación del centralismo, del autoritarismo y por consiguiente mayor exclusión, mayor represión, que redunda en violaciones de los derechos humanos. Estamos a tiempo de buscar como prevenir ese incremento a las violaciones de los derechos humanos”.
Afectará a los nicaragüenses
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, se refirió a lo “trágico” de la iniciativa que manifestó “es el resultado de la intolerancia y la falta de voluntad política del Estado nicaragüense de mejorar la radiografía de los derechos humanos…que conduzca a la posibilidad de una estabilidad social”.
Leiva dijo que este es un reto para Ortega pues debe mejorar las conductas de comportamiento, “para no sujetar a la nación a situaciones que podrían afectar…porque los que salen afectados son los sectores más vulnerables” con una probable afectación de la economía del país, dijo Leiva Sánchez.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, coincidió en que con esto será la población la afectada pues llevará a limitar aún más servicios como la salud y educación y el derecho al trabajo.
Carmona indicó que el país se va a empobrecer más, la imagen a nivel internacional se deteriorá más, pues será visto como un país donde no hay un verdadero estado de derecho y una democracia sólida.
