El proyecto de ley conocido como Nica Act, aprobado en primera instancia por unanimidad en el Congreso estadounidense mandata al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de EE.UU. a emitir al Congreso un informe en 120 días sobre altos funcionarios nicaragüenses que puedan estar envueltos en casos de corrupción y de violación de derechos humanos.
El proyecto de ley que para su entrada en vigencia tiene que ser aprobado por el Senado, le dice al Departamento de Estado que para emitir ese informe debe valerse de las agencias estadounidenses de inteligencia.
El informe —según la ley— puede ser clasificado, con una versión pública.
La ley especifica que los reportes deben ser sobre altos funcionarios del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y Corte Suprema de Justicia “que están directamente involucrados en actos de corrupción pública y violación de derechos humanos”.
Para el abogado estadounidense Jason Poblete, experto en Relaciones Internacionales, la aprobación de la ley en el Congreso envía un mensaje al gobierno federal y los servicios de inteligencia estadounidenses de que existe un problema en Nicaragua.
“Existe un apoyo bipartidista de reenfocar y apoyar la lucha contra los violadores de derechos humanos”, sostiene el abogado Poblete.
“Se está pidiendo a los servicios de inteligencia de EE.UU. y el Departamento de Estado que investiguen qué está pasando en Nicaragua en la administración pública, si hay violaciones a los derechos humanos, en mi opinión que lo que se está buscando es excluir a todos los involucrados en actos de corrupción (en Nicaragua) de los privilegios que otorga Estados Unidos ”, afirmó.
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Más inversión para democracia y gobernabilidad
La ley que fue promovida por la congresista republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen y el congresista demócrata de Nueva Jersey, Albio Sires, manda a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) a priorizar a la sociedad civil nicaragüense en programas de gobernabilidad, democracia y derechos humanos.
¿Un embargo económico?
El abogado nica-estadounidense Alfonso Oviedo, experto en Inmigración, dijo que de ser aprobada la ley en el Senado, tendría efectos devastadores para el gobierno de Ortega, “no solo cortaría la ayuda directa de Estados Unidos, también la de los organismos financieros multilaterales donde EE.UU. decide. Es un embargo económico a mi juicio”, expresó.
Oviedo sostiene que en Nicaragua no existe un estado de derecho y es por eso que el Congreso está solicitando un listado de funcionarios involucrados en actos de corrupción y violación de derechos humanos.
Ros-Lehtinen a Ortega: “A nadie engaña”
El gobierno de Ortega rechazó y calificó de injerencista el proyecto de ley estadounidense y lo catalogó como una campaña mediática en tiempos electorales.
“Rechazamos como violatorias al derecho internacional y a la carta de Naciones Unidas, las propuestas e iniciativas que se han movido en las Cámaras de los organismos legislativos de Estados Unidos, que son parte habitual de la política injerencista que a través de la historia ha intervenido en nuestros propios y soberanos procesos políticos, sociales y económicos, y de manera intensiva y particular en momentos electorales”, dijo el gobierno de Ortega en un comunicado.
“A nadie engaña”, respondió Ros-Lehtinen y añadió que se trata de “acusaciones sin fundamento de Ortega en un último intento de desviar la atención sobre las violaciones a los derechos humanos, los actos de corrupción e intimidación que ha estado perpetrando contra el pueblo de Nicaragua”.
La legisladora republicana negó estar involucrada en campañas de desinformación a como ha afirmado el Gobierno de Nicaragua.
“La realidad es que él está proyectando sus actos de represión contra mí y refleja inquietud porque la comunidad internacional ha comenzado a tomar nota por la forma en que su régimen está erosionando el proceso democrático en Nicaragua. La Nica Act se basa únicamente en hechos, en acciones fácilmente verificables”, declaró la congresista.
Para la legisladora, los hechos sobre las violaciones a los derechos humanos, que comete el régimen de Ortega a través de la Policía y el Ejército, son claros, ejemplificó la adquisición y exhibición de los 50 tanques rusos.
“Ortega afirma que está comprometido con el buen gobierno, pero bajo su régimen, el único buen gobierno es donde su familia, y solo su familia, controla las instituciones de Nicaragua; Ortega declara su compromiso con el diálogo y el consenso, sin embargo, ha usado su poder para despojar injustamente a 28 diputados de la oposición de sus asientos en la Asamblea Nacional; y nombra a su esposa como su compañera de fórmula para cimentar el poder de su familia a través de una dinastía”, dijo Ros-Lehtinen
Organismos de derechos humanos: Ortega es el culpable
Organismos de derechos humanos coinciden en que el único responsable de la Nica Act es Ortega.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, expresó que la situación es preocupante, pues existe la posibilidad de que quien resulte afectado sea el país.
Núñez dijo que era un cinismo de parte de voceros del gobierno pretender pensar que fueron denuncias de determinadas organizaciones o de la oposición las que convencieron a la Cámara Baja de Estados Unidos para emitir por unanimidad y rápidamente esta iniciativa. “Ya quisiera que hubiera ese poder de convocatoria y ese poder de convencimiento de la población nicaragüense para hacer reaccionar al mundo y de despertar la solidaridad que en un tiempo tuvimos”, resaltó.
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva Sánchez, y el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, coinciden en responsabilizar a Ortega de lo que ocurre.
Ortega reactivará frente interno
El exdiputado y economista Enrique Sáenz cree que el gobierno de Ortega rearticulará su frente interno alrededor de un discurso patriotero y llamará “agresión imperialista yanqui”, a la iniciativa de ley, en un momento en que se encontraba totalmente a la defensiva con el descrédito de la farsa electoral.
“Por otra parte, le ofrece una justificación frente al progresivo deterioro de la situación económica y social a causa del desplome de la cooperación petrolera venezolana, el declive de los ingresos por exportación y la retracción de las inversiones extranjeras. Así, podrá señalar a los gringos para encubrir el fracaso de su gestión económica que será cada vez más evidente en los años inmediatos”, dijo Sáenz.
“Sin embargo, en el mediano plazo abre un flanco a la consolidación del régimen dictatorial pues sus aliados internos comenzarán a flaquear”, dijo el exlegislador.
Halleslevens responde en la ONU
El vicepresidente de Nicaragua, Omar Halleslevens, que brindó un discurso en la ONU este viernes insistió en catalogar la ley como “injerencista”. “En Nicaragua continuamos y seguiremos profundizando la paz, estabilidad, gobernabilidad y avance, a través de propuestas inéditas, como el modelo de alianzas, diálogo y consensos que tienen rango constitucional, y que han venido movilizando la economía y alcanzando importantes logros en la lucha contra la pobreza”, dijo Halleslevens.
