Un buen amigo en AmCham, abogado con mucha experiencia, siempre me recuerda que toda acción tiene una reacción… y tarde o temprano, eso ocurre. La Nicaragua de hoy, es muy diferente a la de hace tres meses. Todo inició con el anuncio de que no se permitirían observadores nacionales e internacionales al proceso electoral del 6 de noviembre; continuó con la expulsión de funcionarios norteamericanos que realizaban labores de verificación en empresas que exportan a nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos (EE. UU.). Después, vino la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que con seis años de tardanza, cambió la representación legal del Partido Liberal Independiente a menos de seis meses de las elecciones y posteriormente fue el despojo de la condición de diputados a 26 ciudadanos electos por voluntad popular en las elecciones anteriores y que representaban al menos 800 mil votos.
Independientemente de las razones y trasfondo de cada una de estas acciones, el mensaje que ha transmitido a la comunidad internacional ha sido muy dañino para la imagen de nuestro país, incluso ha repercutido en medios de comunicación internacionales no solo en EE. UU. sino también en México y España. Las declaraciones del embajador de México en la OEA sobre la falta de competitividad en las elecciones próximas en nuestro país, fueron una primera campanada de alerta; todo ello junto a lo que piensan en la comunidad internacional sobre el retroceso de la institucionalidad democrática. Vino después el comunicado de la Unión Europea y del departamento de Estado de los EE. UU., sobre las decisiones políticas mencionadas anteriormente y que han significado un retroceso en la percepción que se tiene de nuestro país en el exterior, y por ende, en el clima de negocios y en los prospectos de inversiones.
Después vino el anuncio de veinte congresistas (diputados) de EE. UU. hace un mes, promoviendo una legislación de castigo por las “acciones antidemocráticas” que se traducen en la falta de elecciones libres, justas y transparentes y por la expulsión de Nicaragua de tres estadounidenses en las últimas semanas, dijeron. Pero, la pelota pica y se extiende, hasta llegar al turno del senador y excandidato presidencial republicano, Ted Cruz, quien se involucró y apoyó en el Senado esta propuesta de legislación. Independientemente de lo que piense el senador Cruz y los congresistas, el ruido que está generando esta, es muy preocupante ya que con la misma se pretende aprobar sanciones económicas contra el Gobierno de Nicaragua, obligando a los EE. UU. a votar en contra de la aprobación de los préstamos que solicite nuestro país ante los organismos financieros internacionales, sabedores que dicho voto puede ser también un veto.
Estas políticas —ya es sabido— que lejos de afectar al Gobierno afectarán a los más pobres de nuestro país. Todo esto ocurre —además— en un momento cuando cada vez tenemos menos amigos en Washington y muchas puertas se nos cierran por las desafortunadas decisiones, que —queramos o no—, tendrán impacto en nuestra economía, lo que es igual a decir en nuestras oportunidades de generación de empleos, de exportaciones e inversiones desde y hacia nuestro principal socio comercial. Peor aún, en un momento donde nuestro otro aliado, Venezuela, se encuentra en la peor encrucijada económica de su historia. Es responsabilidad del Gobierno ayudar a la empresa privada a crear empleos y riquezas y lo debemos hacer todos juntos; la empresa privada seguirá trabajando por el desarrollo económico, pero no será fácil si nuestros principales aliados comerciales nos comienzan a cerrar las puertas. Eso debería de llamarnos a la reflexión, recordando siempre que toda acción tiene una reacción. Quizá eso responda mi pregunta: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El autor es Presidente de AmCham