El Gobierno de El Salvador es tan izquierdista, antimperialista, revolucionario y solidario con Cuba comunista y Venezuela chavista, como lo es el de Nicaragua.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén fue comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), uno de los bandos de la guerra civil que desangró a El Salvador de 1980 a 1992. Igualmente, Daniel Ortega fue uno de los comandantes sandinistas en la guerra contra la dictadura somocista. Sin embargo, como gobernantes el comportamiento de Sánchez Cerén en El Salvador es muy diferente al de Ortega en Nicaragua.
Tanto el partido del salvadoreño Sánchez Cerén (el FMLN) como el del nicaragüense Ortega (el FSLN), son miembros principales de la asociación de partidos de extrema izquierda Foro de San Paulo, que se reúnen de vez en cuando para despotricar contra los Estados Unidos, la derecha, la democracia representativa y el neoliberalismo.
Hace poco, entre el 23 y el 26 de junio del presente año, se realizó precisamente en San Salvador el XXII Encuentro del Foro de San Paulo, en el cual Sánchez Cerén intervino con un fogoso discurso revolucionario. En la Declaración Final del encuentro se indicó que “la izquierda debe definir estrategias para aumentar su presencia en la integralidad del poder político, avanzando en el cambio de la correlación de fuerzas en la institucionalidad del Estado, lo cual requiere no reducir la lucha política al poder ejecutivo”.
De esa manera, entre líneas, se estaba orientando a Sánchez Cerén y el FMLN, que deben extender el control que tienen del poder ejecutivo hacia las demás instituciones del Estado, particularmente el poder judicial, como lo han hecho Daniel Ortega y el FSLN en Nicaragua.
Pero no es que Sánchez Cerén y el FMLN no hayan querido hacer lo mismo que sus camaradas de Nicaragua, sobre todo poner la justicia a su servicio político. Desde el anterior gobierno del FMLN, que presidía Mauricio Funes (quien ahora es investigado por corrupción en su país y se ha refugiado en Nicaragua), el farabundismo ha tratado de dominar el poder judicial, pero no ha podido lograrlo.
Tampoco han sustituido en El Salvador las elecciones auténticas con fraudes y farsas electorales, como en Nicaragua. No se les ha ocurrido descabezar al principal partido de oposición ni impedirle participar en las elecciones y ejercer una oposición beligerante. Y mucho menos que hayan destituido a los diputados opositores para sustituirlos con legisladores dóciles al ejecutivo.
De la misma manera, el gobierno izquierdista de El Salvador no ha tenido la ocurrencia de prohibir la observación electoral internacional honesta y llamar sinvergüenzas a los observadores, ni de expulsar arbitrariamente a oficiales del gobierno de Estados Unidos que llegan para realizar inspecciones aduaneras.
Por eso es que, mientras en el Congreso de Estados Unidos se tramita una ley denominada Nica Act para sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos a la democracia, a ningún congresista norteamericano se le ha ocurrido promover una ley similar para imponer sanciones al gobierno izquierdista salvadoreño.
