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Nicaragua, Hospital occidental

Avances en la construcción del Hospital occidental. LA PRENSA/ Jader Flores.

¿Cómo funcionará por ley el modelo de inversión público privada en Nicaragua?

En América Latina varios países han hecho uso de la Asociación Público Privada para impulsar inversiones, Nicaragua apenas “gateará”.

A principio de los años ochenta las prisiones de Chile tenían graves problemas de hacinamiento. La calidad de vida de los reclusos era inhumana. Además el país sudamericano tenía importantes déficits en infraestructura en carreteras interurbanas, autopistas urbanas y aeropuertos. La inversión que se requería en estos campos era “difícil” de cubrir por el Estado, por lo que en 1995 se decidió abrir espacio para que el sector privado comenzara a participar en las inversiones públicas.

Así como nace en ese año bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas de Chile, la Coordinación General de Concesiones (CGC). Desde esta dependencia se impulsaron licitaciones para construcción y mantenimientos de vías, la construcción de cárceles en el 2000 y desde el 2009 la edificación de hospitales, entre otros.

La situación carcelaria era especialmente crítica en Chile, porque entre 1985 y 2005 el aumento de reclusos fue de 232 por ciento, presionando la infraestructura penitenciaria y el presupuesto público.

Fue así como en el 2001, haciendo uso de la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública, se sacó a licitación la construcción de 10 cárceles para 16,000 presos, por un valor de 280 millones de dólares. La licitación salió a nivel internacional, cuyo proyecto se ejecutaría en cuatro fases entre 2005 y 2006. Tras finalizadas las obras, a través de concesiones al sector privado, Chile logró reducir el hacinamiento, mejoró la calidad de vida de los presos, disminuyó la reincidencia y además el Gobierno redujo los costos públicos de mantenimiento de las cárceles.

PortActivos14Sept

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Esta es unas de las experiencias de éxito del modelo de asociación público-publicada que recoge el estudio: Asociación Público-Privada en América Latina: Aprendiendo de la experiencia, publicado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que señala la necesidad de que el hemisferio incremente su inversión en infraestructura para aumentar la competitividad. La región solo invierte entre el 1 y 2 por ciento del PIB en inversión, cuando los países del Este de Asia destinan entre el 8 y 10 por ciento.

Bajo este modelo, en Costa Rica se impulsó la construcción de dos autopistas que conectan a las zonas más turísticas; en Colombia se construyó una terminal de aeropuerto, en México un complejo administrativo municipal, y en Madrid un intercambiador de transporte. De hecho España es pionera en este modelo de asociación.

NICARAGUA EN “PAÑALES”

Y mientras varios países del hemisferio continúan movilizando millonarios recursos en inversiones público-privadas, Nicaragua a partir de la próxima semana comenzará a “gatear” con la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Asociación Público-Privada (APP). El país tiene mucho que aprender.

“El país en los últimos diez años ha invertido recursos importantes en energía, en la construcción de carreteras, hemos avanzado bastante en agua potable, en distintas inversiones estratégicas, pero el país merece doblar la cantidad de inversión, es decir, necesitamos hacer más carreteras, construir puertos en el Caribe”, afirmó el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, al introducir la iniciativa de ley en el poder legislativo, con trámite de urgencia.

La construcción de red vial ha inyectado dinamismo al Programa de Inversión Pública en el primer trimestre de este año. LA PRENSA/ ARCHIVO

PROMETEN TRANSPARENCIA

Pero, ¿qué contiene dicha ley?, ¿cómo funcionará el modelo público-privado?, ¿cuál será la función del Estado y las empresa?

El proyecto de ley, que no será consultado con los distintos sectores económicos sino que pasará directo al Plenario de la Asamblea, contiene 36 artículos, divididos en ocho capítulos. Esta ley fue diseñada con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo.

De entrada el ejecutivo establece que todos los proyectos público-privados se ejecutarán bajo la rectoría del Estado, el que se compromete a hacer pública toda la información que esté relacionada con inversiones que se hagan bajo este modelo. “Todas las actuaciones relacionadas con los proyectos de asociación público-privada y actos que impliquen compromisos fiscales para el Estado y efectos sobre los usuarios, serán públicos”, se lee en el inciso C del artículo cuatro de dicha Ley.

Será la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), instancia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la encargada de aplicar dicha Ley. Esta tendrá facultad de coordinación con instituciones del sector público, de identificar y proponer proyectos de inversión que se ejecuten bajo la modalidad de asociación público-privada.

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Además, una vez al año esta dirección abrirá un concurso para la presentación de iniciativa privada, la que deberá ir acompañada de un estudio de prefactibilidad del proyecto propuesto para ser evaluado por el Estado. Todo lo concerniente a este concurso se recogerá en el reglamento de dicha ley.

En la misma iniciativa se establece que los proyectos pueden ser presentados por empresa o grupos de empresas, que de lograr concretar las propuestas se deberán constituir como Sociedad Mercantil nicaragüense en un plazo de treinta días. En el acta constitutiva se debe incorporar la terminación “de APP”.

En el pliego de bases y condiciones del APP se deben establecer todas las condicionalidades, responsabilidades, y derechos de las partes que integran el proyecto.

El gobierno anuncia un ambicioso plan de ampliación y mejoramiento de la red vial en 2016. La Prensa/ R. Fonseca

LO QUE SE EVALUARÁ

Además del impacto social del proyecto, se evaluarán los estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como el análisis económico, el análisis ambiental, y el análisis de sostenibilidad y riesgo fiscal, según se estipula en el proyecto de ley.

Una vez concretado todo el proceso, se iniciará la fase de licitación, cuyo documento deberá ir acompañado por un aval de la DGIP. Para esto se creará una comisión de evaluación, la que deberá ser nombrada por Hacienda. Esta deberá estar integrada por dos representantes de la DGIP, uno de la Presidencia y dos por el lado del sector privado involucrado en el proyecto.

El delegado presidencial para las Inversiones, Álvaro Baltodano, dijo en declaraciones a los medios oficiales que con esta ley hay interés de que se invierta en energía y otros sectores. “Las cantidades (accionarias) pueden ir diferentes, el Gobierno puede ir con un cuarenta por ciento, el privado con el sesenta o el ochenta y veinte, depende del valor que se le dé a cada cosa, pero la ley lo reglamente y eso es muy importante”, afirmó.

Los sismos han derruido la estructura del Heodra, en León. LA PRENSA/ARCHIVO

La iniciativa no establece qué porcentaje accionario debe tener cada participante de los proyectos bajo el modelo de APP.

PROYECTOS PASARÁN POR  LA ASAMBLEA NACIONAL

De concretarse todo el proyecto de APP, este deberá pasar a la Asamblea Nacional, cuya aprobación deberá ser solicitada por el presidente de la República. Todo proyecto debe establecer tiempo de vigencia y en caso que este no se establezca se declarará nulo.

En la Asamblea Nacional los proyectos de APP deberán pasar a comisión, donde los diputados podrán hacer observaciones, pero no podrán modificar el contrato APP.

Por ahora el Gobierno ha anunciado su interés de construir un puerto de aguas profunda en el Caribe del país bajo este esquema, cuya licitación sacará al mercado en los próximos días.

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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo durante la presentación de esta iniciativa vendrá a subsanar una de las necesidades de infraestructura que requiere la empresa privada para mejorar su competitividad. Muestra de ello, según Aguerri, es que si se concreta la construcción del puerto en el Caribe se crearán las condiciones para que en esa zona se sigan desarrollando inversiones privadas y las exportaciones saldrán en mejores condiciones.

San Juan del Sur

“Si vemos los números, hace diez años estábamos exportando mil millones de dólares, diez años después estamos exportando 5,000 millones dólares. ¿Qué significa esto para la infraestructura? ¿Qué significa esto para las carreteras de nuestro país? ¿Qué significa esto para nuestros puertos? ¿Qué significa esto para el esfuerzo que vamos a hacer en los pasos fronterizos?”, ejemplificó Aguerri al tiempo que dijo que esta ley podría ayudar a resolver la necesidad de inversión que se requiere en ese nuevo contexto.

 

SOLICITAR COMPENSACIÓN
Si el participante del sector privado en un proyecto de Asociación Público Privada registrara un incremento económico sustancial en el proyecto de inversión a consecuencia de un imprevisto por parte de la autoridad pública, podrá solicitar compensación monetaria. En caso que la acción del sector público reduzca sustancialmente la suma de los beneficios del proyecto y ya establecidos en el contrato, también podrá pedir compensación. Pero para hacer este procedimiento deberá cumplir con varios requisitos establecidos en el artículo 27.

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