El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, ha denunciado que él y otros activistas de la sociedad civil y la oposición política democrática, están siendo intimidados y amenazados por personas no identificadas, pero obviamente oficialistas, que los culpan por la aprobación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (EE. UU.) del proyecto de ley Nica Act. Esta ley, como se sabe, tiene el objetivo de sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus violaciones a la democracia y, en particular, presionarlo para que haya elecciones libres y limpias en Nicaragua.
La acusación y amenazas contra los activistas democráticos es porque ellos se reunieron con congresistas y otros oficiales públicos estadounidenses, para contarles sus experiencias como testigos y al mismo tiempo víctimas del socavamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega.
Pero en sus conversaciones con los funcionarios norteamericanos, los activistas democráticos de Nicaragua solo han confirmado las informaciones que aquellos ya conocían, con amplitud de detalles, sobre hechos tan notorios como los fraudes electorales orteguistas, las restricciones de la libertad de información, las agresiones contra defensores de los derechos humanos y las libertades civiles, la eliminación de la personalidad jurídica de partidos políticos democráticos y, más recientemente, el descabezamiento de la principal fuerza de oposición y la destitución de los 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional. A lo cual hay que agregar los insultos de Daniel Ortega a los observadores electorales internacionales, así como la expulsión de los inspectores aduaneros de EE.UU. que venían al país para certificar exportaciones nicaragüenses a ese país.
Daniel Ortega, por su experiencia personal conoce muy bien cómo funciona la política estadounidense. Por lo tanto sabía a qué se estaba exponiendo con sus atropellos reiterados a la democracia, la que está obligado a respetar por compromisos de Estado con la Carta Democrática Interamericana y los Acuerdos de Esquipulas.
Ha sido el mismo Ortega quien ha puesto su régimen dictatorial o autoritario en la mira de la comunidad democrática exterior, puesto que la realización de elecciones libres es un compromiso básico de derecho internacional, de ineludible cumplimiento.
Ortega no puede esperar impunidad para sus atropellos a la democracia porque invoque la autodeterminación nacional y la no intromisión en los asuntos internos de los países. Tampoco puede acusar como “traidores a la patria” a quienes con todo derecho y deber cívico denuncian sus abusos ante la comunidad internacional, lo mismo que hizo su partido, el FSLN, cuando luchaba para derrocar a la dictadura somocista y demandó el apoyo internacional que se lo dieron muy generosamente.
El derecho de los pueblos a decidir libremente su forma de gobierno —fundamento de la autodeterminación nacional— presupone que esa decisión se toma en elecciones libres y justas. No es, de ninguna manera, el derecho de los gobernantes a hacer todo lo que quieran.
