El Gobierno de China, frecuentemente criticado por las violaciones a las libertades fundamentales y por la censura que persisten en el país, lanzó este jueves un “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2016-2020” que promete garantizar mayor libertad de expresión y de credo.
El plan, publicado por el Consejo de Estado (Ejecutivo) a través de la agencia oficial Xinhua, señala que se intentará “dar más espacio a la opinión pública”.
Dentro de este epígrafe se promete “proteger la libertad de expresión en internet de acuerdo con la ley” y también “establecer un registro de quejas e informes sobre actos ilegales de órganos estatales a todos los niveles” o “dar un papel supervisor completo a diarios, revistas, radio, televisión y otros medios”.
Lea también: La “revolución de los paraguas” en Hong Kong
Régimen controla medios de comunicación
Las promesas chocan con la situación actual, en la que los medios tradicionales están fuertemente controlados por el régimen comunista y algunos ciudadanos chinos han sido encarcelados por sus opiniones en la red o por denunciar públicamente la corrupción y otros problemas del Gobierno.
En el campo religioso, otro punto donde el régimen ha ejercido un férreo control durante décadas, el plan de acción promete enmendar las principales regulaciones actuales sobre administración estatal de creencias y apoyar los esfuerzos por que cada religión mejore su “autogobierno” y “autogestión”.
También se animará a los círculos religiosos a organizar actividades caritativas, se detendrá el uso comercial de instalaciones religiosas tales como templos budistas o taoístas, y se mejorarán los servicios para que las comunidades musulmanas puedan peregrinar a La Meca, reza el documento.
En el plan de acción, que se aplicará paralelamente al XIII Plan Quinquenal de este lustro, también se anuncian esfuerzos para que aumente la participación de la ciudadanía en la política y mejorar los cuerpos de seguridad para evitar “que extiendan su poder más allá de la ley o impongan castigos o medidas coercitivas sin base constitucional”.