Como una campaña de odio califica el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, las publicaciones que en redes sociales o que en mensajes directos reciben algunos defensores de derechos humanos y de partidos políticos de la oposición, a través de diversas aplicaciones en sus teléfonos móviles.
En una denuncia con carácter de urgencia, Leiva Sánchez le pide al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, su pronta intervención pues a través de publicaciones sin fundamentos, reciben amenazas de muerte, al igual que son injuriados y calumniados “por parte de simpatizantes y miembros del partido de gobierno del Estado de Nicaragua”, vinculándolos a al Proyecto de la llamada ley Nica Act.
Exacerba los ánimos
“Se está promoviendo una campaña de odio que exacerba los ánimos y ponen a parte de la ciudadanía en contra de ellos, desvirtuando su trabajo social de consolidar la democracia, derechos políticos y civiles (realización de elecciones libres, justas y transparentes) y respeto a los Derechos Humanos”, le explica Leiva Sánchez a Abrão.
Le menciona a su vez, que la fotografía que acompaña “la falsa información de la campaña de odio”, fue tomada el 2 de noviembre de 2015, durante una visita que hiciera a Washington, un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad nicaragüense, entre ellas defensores de derechos humanos.
En la fotografía en mención, aparecen junto a la congresista Ileana Ros-Lehtinen una de las que ha impulsado la llamada iniciativa Nica Act entre otros el mismo Leiva Sánchez, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona y el jefe de proyectos de esa misma organización, Denis de Jesús Darce, así como representantes de otras organizaciones políticas.
Historia de la fotografía
La fotografía que ahora circula por las redes sociales, explica Leiva Sánchez, fue durante una visita a Estados Unidos con el propósito de dar a conocer la crítica situación de los derechos humanos en Nicaragua, “situación de la cual el único responsable es el partido en el gobierno”.
“Dichas violaciones serían nuestra responsabilidad si conociéndolas guardáramos silencio”, apunta Leiva quien a su vez le manifiesta a al Secretario Ejecutivo de la CIDH que con la campaña les ponen en peligro no solo a los mencionados sino a sus familias “de que cualquier persona e incluso el mismo Estado de Nicaragua pueda actuar en su contra, haciendo el uso incorrecto de figuras jurídicas vinculadas a su inconstitucional Ley de Seguridad Soberana”.
Leiva reitera a Abrão que ni su persona, así como Carmona o Darce, han realizado ninguna gestión para impulsar la mencionada ley.
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