La Ley de Asociación Público Privada (conocida como APP) redujo el papel de los diputados de la Asamblea Nacional a cumplir solo el trámite de aprobar los contratos de proyectos y servicios públicos, que la Presidencia de la República le entregue a inversionistas privados.
Los legisladores no podrán modificar esos contratos aún cuando se detecten riesgos económicos para el Estado y a la población, según el artículo 23 de dicha ley.
El economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz, analizó que tal como se dejó la Ley de APP los compromisos que se generen pueden tener implicaciones de carácter fiscal y en materia de sostenibilidad de la deuda pública para Nicaragua.
Para el también exdiputado José Pallais, la Ley de APP violenta la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, al limitar a los diputados a “cumplir el simple trámite de aprobar o rechazar” los contratos, más no intervenir en los mismos “a pesar de que estamos hablando que empresarios prestarán servicios y desarrollarán proyectos estatales”.
Lo que dice el artículo 23
La Ley de APP quedó aprobada este miércoles con el voto de 87 diputados sandinistas y del Partido Liberal Independiente (PLI).
El artículo 23 refiere que los contratos APP deberán ser aprobados por Ley de la República (en la Asamblea), pero a iniciativa del Presidente de la República.
Sin embargo, el párrafo tres del artículo 23 expresa: “Durante el período de consulta en caso de que se envíe a Comisión y durante el debate en lo general (de la Ley de los contratos), los diputados y diputadas podrán hacer sus observaciones, únicamente a efectos de sustentar su posición de aprobación o rechazo a la Iniciativa de ley, sin poder hacer cambios, agregados o modificaciones de ningún tipo al contrato APP suscrito por la institución contratante (Gobierno) y el participante privado”.
El exdiputado Sáenz criticó que no se mida el riesgo de lo que implica ese artículo de la Ley de APP.
“Así como en la calidad de los servicios, en el beneficio y en los costos reales para la ciudadanía, por consiguiente, es indispensable el escrutinio de la Asamblea Nacional a fin de asegurarse que efectivamente se propicien resultados equilibrados para todas las partes”, expresó Sáenz vía electrónica.
Diputados “monigotes”
El opositor expresó que tal como fue aprobado el artículo 23 se deja a los diputados como “convidados de piedra”, que solo pueden limitarse a decir sí o no sobre los contratos de proyectos y servicios estatales que pasarían a manos de inversionistas privados.
“En realidad, ese artículo refleja con claridad la naturaleza del régimen (de Daniel Ortega), quien tiene la primera y la última palabra es el titular del ejecutivo. La Asamblea se reduce a un simple monigote que cumple únicamente la función burocrática de firmar y sellar”, lamentó el economista.
Sáenz agregó que en tales condiciones de conceder a los contratos fuerza de ley solamente porque transitan por la Asamblea, en definitiva es “establecer un trámite ocioso”.
Violenta mandato a diputados, dice Pallais
Mientras tanto Pallais, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, lamentó que los actuales diputados aceptaran reducir su papel a aprobar las leyes que Ortega manda, sin medir las consecuencias ni protestar.
Pallais afirmó que el artículo 23 de la Ley de APP “le restringe sus facultades legislativas a la Asamblea Nacional, que les confiere la Constitución y la Ley Orgánica de ese poder de Estado”, las que “claramente les manda a revisar toda ley y parar aquello que es un riesgo para el país”.
“Solo los pone a bendecir y no pueden enmendar (…) Esa disposición solo está en la Constitución y la Ley Orgánica del parlamento (nacional) para los Tratados Internacionales que son negociados por dos gobiernos, pero un acuerdo de inversión que tiene que ver asuntos internos, aunque la empresa sea extranjera (si fuese el caso) están sometidos a la legislación interna”, explicó Pallais.
Ortega cercena funciones de Asamblea Nacional
Insistió el jurista en que Ortega con la Ley de APP “cercena” las funciones de la Asamblea, a pesar de ser una ley ordinaria.
Los contratos de proyectos públicos en manos de inversionistas privados ni siquiera quedaron obligados a ser consultados en las Comisiones de la Asamblea, ya que la Ley de APP no prohíbe que el presidente mande con trámite de urgencia las leyes que legalizarán esos contratos.
“Es parte de la subordinación plena que ha venido Ortega construyendo de la Asamblea hacia el poder ejecutivo, y de la gran discrecionalidad que se le está dando al presidente de la República para negociar asuntos de interés nacional sin que pueda tener el control de otro poder del Estado, que es fundamental en este tipo de acuerdos”, expuso Pallais.
Explicó que el papel de control que la Constitución da a la Asamblea “es fundamental” en los contratos de concesión de proyectos y servicios estatales a inversionistas privados.
“Ambiente propicio para el abuso”
“Un contrato en que solo el ejecutivo y una parte privada dispongan de asuntos de interés nacional, dispongan de propiedades estatales, de concesiones estatales sin que la Asamblea pueda revisarlo, crea un ambiente propicio para el abuso”, insistió Pallais.
Advirtió el jurista que incluso no se podrá revertir “que se concedan demasiados privilegios” a inversionistas privados en los proyectos públicos que se les den a desarrollar y administrar.
Pallais recordó que eso fue lo que Ortega hizo al entregar la concesión directa de la construcción del Gran Canal Interoceánico al chino Wang Jing, proyecto que hasta ahora no avanza.
Papel del nuevo PLI
La Ley de APP fue enviada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega con carácter urgente a la Asamblea. El argumento de los legisladores sandinistas para aprobar sin consulta la Ley de APP es que ya tenía el consenso entre el Gobierno y el gremio empresarial agrupado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y se contó con asesoría de organismos internacionales.
El único que se abstuvo de respaldar esa ley fue el diputado independiente Santiago Aburto, porque “Ortega se ha acostumbrado a usar a los diputados como si fuésemos los empleados” al mandar con urgencia las leyes.
Los diputados de la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI) —que sustituyeron a los opositores destituidos— votaron a favor.
Qué justificación
El diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, alegó que la Ley de APP es el marco regulatorio para la participación de los inversionistas en proyectos públicos y se espera que estimule la atracción de inversiones al país. Sobre que los diputados no podrán modificar los contratos de la Ley de APP, Gutiérrez comparó que eso tampoco lo pueden hacer los diputados en los contratos de préstamo que el Gobierno adquiere con organismos y cooperantes internacionales. “Si pudiera modificarlo estaríamos hablando de otro contrato y tendría que devolverlo para renegociarlo”, dijo.
Cosep satisfecho con Ley de APP
El sector empresarial se mostró satisfecho con la aprobación de la Ley de Asociación Público Privada (conocida como APP), pues aducen que es un paso importante para el crecimiento económico del país.
Al ser consultado el primer vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Rosendo Mayorga, sobre lo expuesto en el artículo 23 de esa nueva Ley, se limitó a contestar: “No me corresponde a mí responder. Se consensuó y entiendo que ellos (los diputados) tienen las comisiones para hacer observaciones al respecto. No me corresponde a mí”.
Mayorga insistió en que la Ley de APP es una “excelente medida. Fue bien consensuada por los diferentes sectores. Y bien por Nicaragua que le permitirá establecer las bases para que cualquier proyecto de empresarios nacionales e internacionales que quieran participar con el Gobierno, puedan hacerlo”, dijo.
