El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, ofreció este lunes una conferencia de prensa en la que negó que ciudadanos muertos hayan aparecido como si votaron en elecciones anteriores y en cambio culpó a los campesinos de la falta de depuración de fallecidos en el padrón electoral.
“En vista de que hay todavía una cantidad de fallecimientos o defunciones de personas en comunidades rurales, donde no requieren un permiso de una Alcaldía para dar sepultura a su familiar, entonces sencillamente esa persona no se registra en el Registro Civil de ese municipio. Al no registrarse en ese Registro Civil, no viene a nosotros (CSE) esa información, por lo tanto queda en el padrón electoral”, dijo Rivas en una comparecencia a la que a LA PRENSA no se le permitió el ingreso.
“A lo largo de nuestros procesos electorales puedo garantizarles que esos muertos nunca han votado; quien dice lo contrario, está mintiendo”, agregó Rivas en la conferencia de prensa con los medios de comunicación oficialistas.
Esta negación de Rivas contrasta con los hechos reportados en anteriores comicios, cuando los mismos ciudadanos vieron el nombre de sus hijos muertos o de sus madres muertas, tachados en el padrón de mesa como que había votado.
Según los relatos que se conocieron, los ciudadanos se fijaban en esta irregularidad cuando ejercían su voto, debido a que el padrón electoral está en orden alfabético y generalmente los familiares llevan los mismos apellidos, entonces veían los nombres de sus fallecidos en el padrón, subrayados como que habían votado.
También organizaciones de observación nacional y partidos políticos denunciaron que personas muertas aparecían como que habían votado, cuando algunos tenían hasta diez años de fallecidos e incluso hubo el caso de una joven que había muerto en un accidente en Guatemala, pero apareció como que había votado en las elecciones presidenciales de 2011.
Todo comenzó en 2008
Esta irregularidad se comenzó a reportar desde las elecciones municipales de 2008, que ha sido calificada como “el fraude mejor documentado en la historia de Nicaragua”, por las organizaciones que recopilaron las irregularidades de esos comicios.
El politólogo José Antonio Peraza aseguró en un análisis que hizo del proceso del fraude 2008, que “la lógica electoral del fraude fue eliminar o alterar la mayor cantidad de Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde la oposición le ganaba al FSLN”.
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Otra práctica fue “alterar en las actas los resultados agregando un 1 o un 2 a la izquierda de los resultados en las JRV donde el partido gobernante FSLN había perdido”, según Peraza.
En su momento Rivas dijo que como magistrados solo reciben los resultados que les llegan de los Centros de Cómputo departamentales, distanciándose de responsabilidades.
El CSE, dirigido por Rivas, ha sido denunciado de cometer cuatro fraudes electorales desde 2008 a favor del FSLN. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) dejó registro en su informe final sobre los comicios generales de 2011 que hubo un retroceso en la “calidad democrática” de los procesos electorales en Nicaragua, por la “escasa transparencia y neutralidad” con que fueron administrados.
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Particularmente el actual proceso electoral está marcado por la exclusión de la principal fuerza política opositora, que estaba agrupada en la Coalición Nacional por la Democracia y era liderada por el Partido Liberal Independiente (PLI) hasta que le quitaron la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre.
Padrón electoral
Los padrones electorales fueron pegados este lunes en los lugares que funcionarán como Centros de Votación (CV) el 6 de noviembre, diferenciando el padrón activo del pasivo.
El presidente del poder electoral, Roberto Rivas, detalló que el padrón electoral registra un total de 4 millones 990 mil ciudadanos, pero el padrón real con personas activas cuenta con 3 millones 800 mil.
En este proceso electoral se abrirán 4,308 CV, de los cuales 1,440 están en zonas urbanas y 2,868 en zonas rurales. Además funcionarán 14,581 Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las cuales 7,624 JRV son urbanas y 6,957 JRV son rurales.
