Cientos de indígenas lencas, habitantes del oeste de Honduras, se manifestaron este jueves 20 de octubre en la capital para exigir el cese de asesinatos de defensores de sus territorios, tras la muerte de dos campesinos en el Aguán (noreste).
“Venimos a exigir que cesen los asesinatos de defensores de los territorios, como en el caso del Aguán y las amenazas contra nosotros”, dijo a la AFP el coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Tomás Gómez.
Unos 400 manifestantes se congregaban frente a la sede del Ministerio Público, al este de la capital.
La noche del martes fueron asesinados por encapuchados el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Angel Flores, de 35 años, y el miembro de esa organización Dionicio George, de 36, en la comunidad de La Confianza, departamento de Colón (noreste).
Dirigentes del MUCA responsabilizaron del crimen a terratenientes de la zona con quienes mantienen una disputa por tierras que empezó en el 2009 y a la fecha deja una estela de 170 muertos, 150 campesinos y 20 empleados de los latifundistas.
La embajada de Estados Unidos y la Unión Europea exigieron al gobierno investigar el crimen.
Hechos anteriores
Gómez recordó que sufrió un atentado el 9 de octubre pasado, cuando desconocidos le dispararon mientras viajaba en su vehículo, el mismo día que a otro dirigente del Copinh le fueron a disparar contra su casa.
También “exigimos que se cancele el proyecto Agua Zarca y más de 50 concesiones otorgadas por el gobierno para proyectos mineros y de energía en nuestras comunidades”, demandó el dirigente.
El pasado 3 de marzo, fue asesinada por pistoleros la anterior coordinadora del Copinh y dirigente de la etnia lenca, Berta Cáceres, a cuyo favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares.
Cáceres había recibido amenazas por oponerse a la construcción, por parte de la empresa privada Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), de una represa hidroelétrica en el río Gualcarque, dentro del territorio de la etnia lenca.
Seis personas están presas por ese crimen, incluyendo un empleado de DESA, pero Gómez aseguró que el gobierno pretende ocultar a los autores intelectuales del asesinato por lo que exigen una comisión internacional investigadora.