Los bajos salarios en Nicaragua se traducen en pobreza. Esta pobreza se visualiza cuando el salario mínimo es de 3,450 córdobas mensuales (equivalente a 115 dólares mensuales) y el costo de una canasta básica es de unos 13,000 córdobas mensuales (equivalente a 433 dólares mensuales), lo que implica que solamente se puede comprar el 27 por ciento de la canasta básica, por lo que nuestras familias no se nutren bien (hay desnutrición). En el campo, donde el pequeño campesino no tiene crédito para la siembra (por la falta de una política gubernamental a favor del pequeño y mediano productor), tiene que vender su tierra y emigrar a las ciudades a incrementar el número de pobres urbanos.
En julio de este año (2016), la tasa de personas que laboran en la economía informal, caracterizada por carecer de cualquier mecanismo de protección social y con salarios inestables y precarios, alcanzaba el 79 por ciento de la población económicamente activa (PEA). La cúpula política de Nicaragua en el poder desde 1990 todo lo articula en términos del mercado y procede bajo el ajuste estructural del FMI-Banco Mundial-BID a la privatización/extranjerización del sector energético (petróleo, electricidad).
La energía de biomasa que producen los ingenios, por contratación directa (sin licitaciones), pasó de 6.5 centavos dólares el kWh, en 2011, a 11.7 centavos dólares el kWh en 2016, un incremento injustificado del 80 por ciento. Y la energía eólica fue contratada directamente (sin licitación) a un precio excesivo de 11.42 centavos dólares el kWh. Son energías injustificadamente caras. Ambas fuentes de energía renovable desplazan actualmente hasta 250 MW de plantas térmicas, cuya energía es más barata (a lo sumo, a 6.5 centavos de dólar el kWh).
Este desplazamiento, dado el carácter no despachable de esta energía eólica y de biomasa, significa un sobrecosto mensual de 2.67 millones de dólares para la tarifa.
Hoy existen doscientos señores nicaragüenses que poseen tres veces más lo que el país, todo entero, produce en un año; entonces este problema de la desigualdad y que la tasa de crecimiento de la ganancia del capital sea más importante de la economía total son las amenazas más feroces que tiene nuestra democracia.
Independientemente de la votación final de las elecciones de noviembre, seguramente la lucha social se intensificará en el 2017, se aumentan movilizaciones por distintas reivindicaciones, por eso el dictador Daniel Ortega acepta el diálogo con la OEA.
El peligro del diálogo nacional, después de las elecciones, es que sea aprovechado por los aduladores y los trepadores que intentarán obtener prebendas a cambio de legitimar y maquillar al gobierno autoritario. Por eso es indispensable que se haga antes y no después. El objetivo del diálogo nacional debe ser la restitución de unas elecciones libres y transparentes y con cambios en la Ley Electoral y sustitución de las actuales autoridades electorales del Consejo Supremo Electoral.
Hay que estar claro que el gobierno autoritario no desaparece en un diálogo, pero la postergación de las elecciones permite que el movimiento social se nutra de nuevas fuerzas y tenga las posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas políticas.
El autor es catedrático universitario.