Nadie, a menos que sea un insensato, puede rechazar el diálogo como medio para resolver las controversias y los conflictos que son inevitables en las relaciones de los individuos y en la sociedad.
Solo los extremistas quieren el conflicto permanente o creen que las luchas por el poder y los antagonismos políticos únicamente se pueden o deben resolver a través de la guerra y la violencia en cualquiera de sus formas.
En 1978, después de la insurrección sandinista de septiembre hubo una oportunidad para poner fin a la guerra interna y resolver la crisis política de manera política y democrática: sacando al dictador Somoza Debayle del poder por medio de un plebiscito que propuso una comisión mediadora internacional. Esta propuesta fue respaldada en un diálogo con el gobierno por el Frente Amplio Opositor (FAO), pero fracasó por la intransigencia de Somoza que pretendía mantenerse en el poder hasta el fin de su periodo presidencial; pero fracasó también por la intransigencia del FSLN, el cual sostenía que una solución política como la del plebiscito conduciría a establecer un “somocismo sin Somoza”.
Después, en 1989, cuando las condiciones internas e internacionales eran distintas, se le dio oportunidad al diálogo y ya fuese porque se aprovechó la experiencia de 1978 o por cualquier otra razón, se reconoció la posibilidad de poner fin a la guerra y a la nueva dictadura usando el instrumento pacífico y cívico de las elecciones libres. El resultado fue eficaz y beneficioso para todos.
Ahora, ante la nueva crisis política que sufre Nicaragua como consecuencia de que la dictadura de Daniel Ortega ha socavado la institucionalidad democrática y abolido las elecciones limpias, justas y competitivas, parece que se está presentando de nuevo la oportunidad de una solución por medio del diálogo; el que de hecho ya comenzó formalmente entre la OEA y Daniel Ortega y de manera informal entre el secretario Luis Almagro y representantes de la oposición democrática nicaragüense.
La OEA es el organismo regional apropiado y legítimo para velar por el mantenimiento de la democracia representativa en las Américas. Tanto por su Carta Constitutiva adoptada en Bogotá en 1948, como por la Carta Democrática Interamericana suscrita en Lima en 2001, la OEA está autorizada e incluso obligada a apoyar a las fuerzas democráticas de aquellos países donde la democracia se vea amenazada o sea socavada por regímenes dictatoriales, como es el caso de Nicaragua.
Por supuesto que el diálogo tiene que ser sincero, no vale que sea para apuntalar ni legitimar a la dictadura. El objetivo del diálogo debe de ser el restablecimiento de la institucionalidad democrática de acuerdo con el derecho nacional establecido en la Constitución y conforme al derecho supranacional consagrado en la Carta de la OEA, la Convención Americana de los derechos humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Estamos claros de que para respetar la Constitución y cumplir los compromisos internacionales con la democracia, Daniel Ortega no necesita de ningún diálogo porque esa es su obligación. Pero si no lo hace motu proprio, hay que buscar la solución mediante los mecanismos políticos para la solución de los conflictos.