El gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega informó que una delegación de la OEA vendrá a Nicaragua durante la farsa electoral del 6 de noviembre próximo. Al mismo tiempo, la secretaría general de la Organización confirmó que, en efecto, tal delegación estará en el país del 5 al 7 de noviembre próximo.
Pero no será una misión de observación electoral. Esto es imposible, porque la observación electoral de la OEA se regula por un Manual institucional que se debe cumplir estrictamente, requiere que la observación comience en el terreno varios meses antes de las votaciones y exige una serie de condiciones para garantizar su eficacia. Lo cual es indispensable porque lo que se busca, dice el mismo Manual, es “realizar una observación exhaustiva de los procesos electorales con base a los estándares articulados en documentos como la CDI” (Carta Democrática Interamericana).
En la nota de invitación del régimen orteguista y en la de aceptación de la OEA, se indica que el propósito de la visita de la delegación es reunirse con “expertos y organizaciones invitadas al proceso electoral nicaragüense”, o sea, departir con amigos extranjeros del régimen orteguista que estarán en el país como “acompañantes electorales”.
El anuncio de que una delegación de la OEA visitará Nicaragua precisamente en los días de la farsa electoral orteguista, ha motivado la suspicacia de que de alguna manera eso podría ser una maniobra para legitimarla. Pero no necesariamente tiene que ser así. La verdad es que bajo la conducción del secretario general, Luis Almagro, la OEA ha demostrado —sobre todo el caso de Venezuela, pero de algún modo también en el de Nicaragua—, que tiene real interés en cumplir su misión de defender la democracia en los países donde está bajo amenaza o en proceso de destrucción. Y así lo demuestra el hecho de que la secretaría de la OEA está requiriendo información tanto de representantes de los partidos de oposición como de expertos electorales independientes.
De cualquier manera, lo que es ilegítimo nada ni nadie lo puede legitimar. Como señala el enciclopedista jurídico y político, Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador: “La legitimidad es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad política”. Y algo tan espurio como la farsa electoral orteguista no puede tener ninguna justificación ética ni política.
De acuerdo con ese concepto, la presencia de un grupo de amigos extranjeros del régimen orteguista, llamados “acompañantes electorales”, no legitimará la farsa. Y tampoco sería legitimada por la visita de una delegación de la OEA que tiene absolutamente claro qué debe llenar un proceso electoral para ser ético y auténtico.
Es como el caso de Nicolás Maduro, quien fuera recibido en estos días por el papa Francisco en el Vaticano. Sin embargo, la bendición del santo padre no le da legitimidad a Maduro ni avala las atrocidades de toda clase que está cometiendo contra el pueblo democrático de Venezuela.
