Apoyada por militantes y entre vítores, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió este lunes a un juez anular la causa por su supuesta discrecionalidad en la concesión de obras públicas durante su gobierno (2007-2015).
“Esto es un disparate. Es una maniobra del actual gobierno para tapar el desastre económico”, dijo Fernández en una improvisada rueda de prensa al salir del tribunal Comodoro Py, en Buenos Aires, tras comparecer ante el magistrado federal Julián Ercolini.
La exmandataria aseguró que la causa es una “persecución política” del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, en el poder desde diciembre pasado.
Unos 5,000 militantantes, según organizadores, se agolparon en los alrededores de los tribunales para expresar su apoyo a Cristina Fernández, viuda de Néstro Kirchner (2003-2007), con quien impulsó un proyecto político con fuerte acento en ayudas sociales, incentivos al consumo interno y proteccionismo de la industria nacional.
La exmandataria es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner preso por supuesto enriquecimiento ilícito.
La expresidenta reclamó una auditoría de toda la obra pública, según publicó en redes sociales.
“Queremos que se investigue a fondo y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro gobierno”, sostuvo.
Segunda causa en su contra
Macri abogó por que “nunca más las obras (públicas) sean sinónimo de corrupción, como vemos con la cantidad de causas abiertas”.
“Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad”, dijo este lunes durante un acto por inauguración de obras en Buenos Aires.
Según la acusación de los fiscales, tanto la exmandataria como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros exfuncionarios una “organización criminal” para favorecer a Báez, quien devolvía los supuestos favores mediante el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz (sur).
Fernández de Kirchner denunció que el juez Claudio Bonadio, que la investiga en otra causa por operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno, impulsa un allanamiento de su casa en Río Gallegos (Santa Cruz) mientras esté declarando.
“Sería una coordinación inédita entre jueces con causas distintas”, afirmó el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón. “Se están pasando de listos, no hay garantías de debido proceso y defensa en juicio”.
Un fuerte operativo de seguridad con policía federal y gendarmería fue montado en los alrededores del juzgado en el barrio de Retiro de la capital argentina, donde varios cientos de seguidores acudieron a apoyar a la exmandataria, constató la AFP.
“Se blindó el lugar como si fuera un narcotraficante”, se quejó el abogado defensor de la exmandataria.