El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) Alvaro Leiva solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el beneficio de medidas cautelares para él, así como para Marcos Carmona y Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La protección por parte de ese organismo fue solicitado por Leiva para que el Estado de Nicaragua proteja tanto a los mencionados como a sus familias. La solicitud la realizan, según explica Leiva, después que a partir de septiembre pasado enfrentan lo que califica “una situación de gravedad” que pone en inminente peligro sus vidas y las de sus familias.
Según alega Leiva en su escrito “por el hecho de ejercer su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, por lo cual advierte el defensor de derechos humanos en su petición que lo que pueda sucederles a ellos y a sus familias, “el único responsable es el gobierno y Estado de Nicaragua”.
“ Los hechos de gravedad a los que refiero están relacionados al trato que han recibido los citados defensores de derechos humanos de Nicaragua, junto a otros representantes de organizaciones” a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, explica el representante de ANPDH en su petición ante la CIDH. Y agrega que, mediante estas publicaciones “se está promoviendo una campaña de odio que exacerba los ánimos y ponen a parte de la ciudadanía nicaragüense en contra de ellos, desvirtuando su trabajo social”.
Al tiempo que señala esto les expone al peligro tanto a ellos como a sus familias, pues cualquier persona e incluso el mismo Estado de Nicaragua pueda actuar en su contra, haciendo el uso incorrecto de figuras jurídicas vinculadas a la que califican de inconstitucional Ley de Seguridad Soberana.
Leiva Sánchez confirmó que los señalamientos han continuado a través de algunos medios de comunicación a través de las cuales llegaron a asegurar que sus viajes al Departamento de Estado eran financiados por Estados Unidos.
Calumnias y amenazas en redes
Álvaro Leiva explica en la solicitud a la CIDH que “la campaña de odio” a la que han sido sometidos los ha sometido a calumnias y amenazas de muerte y otro tipo de ofensas por parte de simpatizantes y miembros del partido de gobierno.
Señala que a través de las redes sociales y publicaciones de algunos medios de comunicación tanto a ellos como a otros representantes organizaciones de la sociedad, los vinculan a la iniciativa conocida como Nica Act, promovida por congresistas estadounidenses en contra del gobierno de Daniel Ortega.
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