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Derechos humanos

Álvaro Leiva Sánchez y Marcos Carmona, son los dos activistas por los derechos humanos que llegaron a exponer de urgencia ante la CIDH la crisis de Nicaragua. LA PRENSA/ARCHIVO

Defensores de derechos humanos temen por sus vidas

Defensores de derechos humanos solicitaron a la CIDH les otorgue medidas cautelares para ellos y sus familias por considerar que están en riesgo sus vidas ante campaña en su contra efectuada en redes sociales.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) Alvaro Leiva solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el beneficio de medidas cautelares para él, así como para Marcos Carmona y Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La protección por parte de ese organismo fue solicitado por Leiva para que el Estado de Nicaragua proteja tanto a los mencionados como a sus familias. La solicitud la realizan, según explica Leiva, después que  a partir de septiembre pasado enfrentan lo que califica “una situación de gravedad” que pone en inminente peligro sus vidas y las de sus familias.

Según alega Leiva en su escrito “por el hecho de ejercer su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, por lo cual advierte el defensor de derechos humanos en su petición que lo que pueda sucederles a ellos y a sus familias, “el único responsable es el gobierno y Estado de Nicaragua”.

“ Los hechos de gravedad a los que refiero están relacionados al trato  que han  recibido los citados defensores de derechos humanos de Nicaragua, junto a otros representantes de organizaciones” a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación, explica el representante de ANPDH en su petición ante la CIDH. Y agrega que, mediante estas publicaciones “se está promoviendo una campaña de odio que exacerba los ánimos y ponen a parte de la ciudadanía nicaragüense en contra de ellos, desvirtuando su trabajo social”.

Al tiempo que señala esto les expone al peligro tanto a ellos como a sus familias, pues cualquier persona e incluso el mismo Estado de Nicaragua pueda actuar en su contra, haciendo el uso incorrecto de figuras jurídicas vinculadas a la que califican de inconstitucional Ley de Seguridad Soberana.

Leiva Sánchez confirmó que los señalamientos han continuado a través de algunos medios de comunicación a través de las cuales llegaron a asegurar que sus viajes al Departamento de Estado eran financiados por Estados Unidos.

Calumnias y amenazas en redes

Álvaro Leiva explica en la solicitud a la CIDH que “la campaña de odio” a la que han sido sometidos los ha sometido a calumnias y amenazas de muerte y  otro tipo de ofensas  por parte de simpatizantes y miembros del  partido de gobierno.

Señala que a través de las redes sociales y publicaciones de algunos medios de comunicación tanto a ellos como a otros representantes organizaciones de la sociedad, los vinculan a la iniciativa conocida como Nica Act, promovida por congresistas estadounidenses en contra del gobierno de Daniel Ortega.

Lea: CIDH extiende medidas de protección a comunidades miskitas

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COMENTARIOS

  1. Matt Sandar
    Hace 7 años

    Los defensores de derechos humanos deberían ser neutrales cuando de política se trata. No deberían de estar mezclados en política. El problema es que son reconocidos miembros políticos que están en contra del gobierno y eso los descalifica como defensores de derechos humanos y perjudica quienes llegan donde ellos para que los defiendan de lo que sea y en contra de quien sea.

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