El día de las elecciones (o de las votaciones, si se les quiere llamar de esa manera), es cívicamente sagrado para los ciudadanos, o sea las personas que tienen derechos políticos, son miembros activos del Estado, están habilitados para ejercer cargos públicos, elegir y ser elegidos, ser miembros de partidos políticos, expresar abiertamente sus opiniones, votar o no votar e intervenir en la toma de decisiones en las instancias del sistema democrático que les correspondan.
Por supuesto que los ciudadanos tienen tal dignidad —que se deriva de sus derechos esenciales— solo donde hay democracia, no en las dictaduras como la que lastimosamente impera otra vez en Nicaragua.
“El voto es la expresión del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”, explica Francisco Fernández Segado, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, España. Y añade el jurista español que mediante el voto, “el ciudadano sin necesidad de una fundamentación explícita expresa su respaldo a una determinada opción, fórmula o solución política, o manifiesta su deseo de que unos determinados candidatos ocupen ciertos puestos de autoridad”.
Pero en Nicaragua no se respeta esa función trascendental del voto. Aquí se vota pero no se elige. El ciudadano manifiesta su preferencia electoral, pero los que cuentan los votos los asignan a quienes les ordenan hacerlo, de preferencia al dictador —y perenne candidato— y los candidatos de su partido.
En Nicaragua el proceso electoral está viciado y el voto ha sido degradado por la corrupción política, la dictadura y el afán irracional del caudillo de perpetuarse en el poder.
Excluir a partidos y candidatos del proceso electoral; impedir u obstaculizar las manifestaciones políticas públicas; prohibir que los medios independientes cubran las actividades electorales; utilizar los recursos del Estado (que son de todos los nicaragüenses) en la campaña del partido oficialista, etc., todo lo cual ocurre en Nicaragua, son degradaciones del voto y perversión de las elecciones, una clara muestra de que aquí no hay democracia.
Es una necedad creer que por quitar la propaganda electoral oficialista de los edificios públicos, tres días antes de que lleguen los representantes de la OEA, estos van a creer que el domingo 6 de noviembre habrá elecciones legítimas y no una farsa electoral, como denuncian con toda razón las fuerzas opositoras.
Si la secretaría general de la OEA ha abierto un diálogo con Daniel Ortega, es precisamente porque en Nicaragua no se respeta el voto y por tanto no hay elecciones verdaderas. El diálogo es para tratar de que haya comicios libres y transparentes, como lo manda la Carta Democrática Interamericana. “Los Estados miembros (de la OEA) son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos”, establece la Carta Democrática Interamericana en su artículo 23.
Y aunque se resista a aceptarlo, Ortega tiene que cumplir ese compromiso de derecho internacional.
