Se consumó ayer la farsa electoral orteguista y muchos opositores a la dictadura de Daniel Ortega, se preguntan: Ajá, ¿y ahora qué?
Fue inútil, aunque justa, la demanda de un sector de la oposición de que se suspendiera la farsa electoral y en su lugar se realizaran elecciones justas y transparentes. Ortega impuso su nueva reelección presidencial, aunque de ninguna manera significa que pudo conseguir legitimidad.
Pero este 6 de noviembre no se terminó la historia de Nicaragua. Los fenómenos políticos son cíclicos y en algún momento tendrá que llegar el fin del ciclo del régimen orteguista, como llegó el de la dictadura sandinista de los años ochenta y antes el de la dictadura somocista y el de la dictadura zelayista.
En algunos sectores de la oposición nicaragüense se maneja la idea de que no se debe esperar a que Daniel Ortega cumpla el período presidencial de cinco años, para el cual el domingo pasado impuso su nueva reelección. Consideran que se debe exigir la celebración de elecciones anticipadas, pero libres y transparentes, conforme los estándares internacionales y en particular de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo otros piensan que eso no sería conveniente porque Ortega las ganaría aunque fuesen limpias y entonces sí quedaría legitimado nacionalmente y ante la comunidad internacional.
Quienes así opinan creen que los tiempos económicos y sociales que vienen no serán buenos para Ortega y peor si el Congreso de los Estados Unidos aprobara el próximo año las sanciones financieras de la ley “Nica Act”. De manera que, según esa opinión, el régimen orteguista sufrirá un inevitable desgaste político y social y como consecuencia será posible obligarlo a dar garantías electorales para el 2021 y derrotarlo en comicios libres y transparentes, igual que ocurrió en febrero de 1990.
Para los partidos políticos cuyo objetivo primordial es tomar el poder, podría ser válida la estrategia de acumular fuerzas, construir una gran alianza opositora y esperar que Ortega se desgaste lo suficiente para poder derrotarlo en las elecciones de 2021.
Pero desde una perspectiva estrictamente de principios, no partidista, ajena al objetivo de los partidos políticos que es la conquista del poder, esa tesis no es necesariamente válida. A los ciudadanos democráticos independientes, así como a instituciones como los medios de comunicación libres —que no les interesa conquistar ni compartir el poder político porque su función es más bien de contrapoder—, lo primordial es que haya libertad y democracia cuanto antes mejor, que se restablezca la institucionalidad democrática, que se realicen elecciones libres y limpias, que funcione la libertad de prensa sin ninguna restricción, que el Estado de Derecho exista y se respete como debe ser en una república democrática, etc.
En todo caso, los partidos democráticos tendrán que analizar y decidir con sabiduría y teniendo en cuenta los intereses de la nación, qué es lo mejor que se debe hacer.
