Mientras organismos internacionales continúan advirtiendo que para abastecer la demanda futura de alimentos es necesario elevar la productividad, Nicaragua sigue sin desarrollar un sistema nacional de investigación que cree las condiciones para mejorar los rendimientos del sector agropecuario.
“Contar con sistemas nacionales de investigación agropecuaria bien desarrollados y niveles adecuados de inversión y capacidad en recursos humanos es el prerrequisito para el logro del crecimiento de la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza”, dice el estudio Investigación Agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe, un análisis de las instituciones, la inversión y las capacidades entre países.
La investigación realizada por el programa de Indicadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (ASTI por sus siglas en inglés) con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Brasileña para la Investigación Agropecuaria, advierte que en toda América Latina y el Caribe “el éxito en el logro de estos objetivos depende intrínsecamente de recursos financieros para la I+D (Investigación más Desarrollo) agropecuario que sean estables y suficientes, así como del desarrollo de una capacidad adecuada en recursos humanos y capacidad institucional.
La I+D agropecuario incluye investigación sobre cultivos, ganadería, silvicultura, pesca y recursos naturales e investigación poscosecha en las fincas.
La investigación reconoce que en la última década se han registrado avances en el desarrollo de sistemas de investigación en la región. Pero considera que el panorama es “extremadamente complejo, ya que comprende un número significativo de entidades del Gobierno, instituciones de educación superior y entidades internacionales sin fines de lucro”.
Grandes brechas
Según el estudio, el gasto y la capacidad en la investigación agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe han crecido gradualmente desde el cambio de milenio; sin embargo, dicho crecimiento oculta diferencias considerables entre los países.
“Por un lado, la región alberga a Brasil, el cual supera el desempeño de cualquier otro país con su personal de investigación altamente calificado, así como con su infraestructura y sus resultados de investigación de clase mundial”, detalla el documento.
Otros países de la región como Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay también poseen sistemas de investigación agropecuaria “relativamente bien desarrollados”, admite.
“Pero muchos otros —en particular, los países centroamericanos, las naciones de las islas del Caribe y los países andinos más pobres— se están rezagando cada vez más en términos de infraestructura, niveles de inversión y capacidad”, advierte la investigación.
Nicaragua junto con República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela figuran entre los países que poseen un solo instituto nacional de investigación agropecuaria y un pequeño número de entidades especializadas. Esto, a pesar de que todos enfrentan los mismos desafíos.
Es un problema cultural
María Auxiliadora Briones, gerente general de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (Funica), atribuye la falta de interés —tanto del Gobierno como del sector privado— por desarrollar un sistema de investigación a un problema cultural.
“Es un asunto cultural y de poca valorización del conocimiento en sí. La investigación en lugar de verse como inversión se percibe como gasto, entonces el Gobierno le asigna pocos recursos”, dice Briones.
Pero la gerente de Funica también señala que la investigación pública está dirigida a un segmento específico, que son los pequeños productores y que la gran empresa tampoco invierte en investigación y cuando tienen alguna necesidad se suma a la investigación pública.
“Por un lado el presupuesto público para este tema es raquítico, pero tampoco vemos recursos del sector privado destinados para esta actividad; y los países que han desarrollado estos sistemas es porque el sector privado también ha puesto recursos, un ejemplo es el desarrollo del aguacate en México o el salmón en Chile, en ambos casos el sector privado ha coinvertido con el Estado”, detalla Briones.
Por su parte Carlos Zelaya, investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), considera que las universidades también deberían destinar parte de sus recursos a la investigación.
INTA no investiga solo
Los especialistas coinciden en que incluso parte del 6 por ciento del Presupuesto General de la República que se asigna a las universidades debería estar dirigido a promover la investigación.
El estudio detalla que en el país el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) realiza el 61 por ciento de las investigaciones, la Universidad Nacional Agraria (UNA) el 27 por ciento y el Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (Cipres) el 5 por ciento.
Entre 2012 y 2013 el 23 por ciento de las investigaciones que realizaron estas entidades estuvieron relacionados con el maíz, el 19 por ciento con el frijol, el 13 por ciento con el sorgo, el 10 por ciento con el arroz, el 7 por ciento con el tomate, el 6 por ciento con la papa y el 5 por ciento con la yuca y otro porcentaje similar con el café.
Y aunque se atribuyan estrictamente al INTA y a la UNA, en estas investigaciones participan organismos internacionales y otras universidades.
“Nosotros como CIAT tenemos convenios para ejercer investigación conjunta con universidades y con el INTA, en realidad el INTA no trabaja solo, muchas de las investigaciones son con el Catie (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), con las universidades y con otros centros internacionales”, sostiene Zelaya.
Falta política pública
Zelaya añade que desde el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt), donde participa el CIAT, también se promueve la investigación y se articula la investigación entre los centros de investigación, las instituciones del Estado y la academia.
“El problema es que el presupuesto que hay ahí es mínimo, es prácticamente solo para que nos reunamos y sepamos qué está haciendo cada uno, pero para ejecutar investigación no hay recursos”, admite Zelaya.
Para Briones esta realidad refleja la ausencia de una política pública que lidere y promueva la investigación.
Zelaya y Briones advierten que de no cambiar este mecanismo, los productores seguirán dependiendo de la asistencia técnica que le proporcionan las empresas de agroservicio, que por ser empresas comerciales, lo que priorizan es la venta de sus insumos, sin que se cuente con la validación técnica independiente de su oferta que garantice su efectividad.
“Tenemos entre veinte y treinta años de atraso en investigación agropecuaria, por tanto necesitamos fuertes inversiones para ponernos al día, porque los países que han dado un salto de economías rurales a economías regionales o globales fuertes, como Taiwán, Corea del Sur o Vietnam, destinaron enormes sumas a la parte de investigación y educación y después de décadas lograron dar un salto tremendo. En cambio en América Latina lo que ha habido son retrocesos”, explica Zelaya.
La investigación concluye que, dado el impacto adverso que está provocando el cambio climático en las actividades agropecuarias que se desarrollan en la región, la investigación juega un papel “crucial” para enfrentar estos y otros desafíos.
Entre los que menos invierte
La Organización de las Naciones Unidades y otras entidades internacionales han establecido una meta mínima de inversión en I+D (Investigación más Desarrollo) agropecuario de por lo menos el 1 por ciento del PIB-Agropecuario, dice el estudio Investigación Agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe, un análisis de las instituciones, la inversión y las capacidades entre países.
Según la investigación, en 2013 Latinoamérica y el Caribe —como región— cumplieron con dicha meta, invirtiendo en promedio 1.15 dólares por cada 100 de producción agropecuaria, es decir, el 1.15 por ciento.
Sin embargo, el promedio regional de inversión oculta diferencias abismales entre los países. Nicaragua junto con Perú, Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Honduras y Guatemala se encuentran en el extremo inferior del rango, con inversiones menores al 0.4 por ciento del PIB agropecuario.
En 2013 Nicaragua solo invirtió 17 millones de dólares que representan además el 0.3 por ciento de la inversión total de la región.
Personal calificado
Las diferencias en cuanto a la calificación de los investigadores también es muy marcada entre los países. En Brasil, el personal de apoyo técnico es altamente calificado. “A menudo ostentan títulos de maestría y en algunas ocasiones, incluso de doctorado”, pero “otros países carecen de la masa crítica de investigadores calificados a nivel de doctorado que se requieren para permitir que sus sistemas de investigación tengan un efecto tangible en la reducción de la pobreza y en el crecimiento de la productividad agropecuaria”, dice el estudio Investigación Agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe, un análisis de las instituciones, la inversión y las capacidades entre países.
