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Ciudad Antigua

María Eugenia López, madre de Santos Armando Pérez. LA PRENSA/ E. ROMERO

Alcalde de Ciudad Antigua: “Elecciones están ensangrentadas”

Padres de joven muerto rechazan que su hijo se haya alzado en armas o fuese un narcotraficante. El muchacho es uno de los tres asesinados en el Cerro El Coyol el pasado 6 de noviembre.

Los padres de Santos Armando Pérez López, Santos Andrés Pérez García y María Eugenia López, rechazan la posibilidad de que su hijo de apenas 19 años se haya alzado en armas o fuese un narcotraficante.

El muchacho es uno de los tres asesinados en el Cerro El Coyol, Ciudad Antigua, el pasado 6 de noviembre. Allí murieron también Nahúm Mendoza Arriola y Margarito Mendoza Sevilla.

Era “un chigüin” trabajador dice López, quien recuerda que hace seis meses había dejado el hogar en Totogalpa, para salir a trabajar en el campo, donde realizaba todo tipo de labores.

Los progenitores de Pérez López asistieron esta mañana a una reunión en la Alcaldía de Ciudad Antigua, a la que acudieron varios alcaldes y representaciones de Alcaldías liberales, excontras, así como Luis Callejas y Violeta Granera.

El alcalde de Ciudad Antigua, Henry Quiñónez, presentó a los alcaldes fotografías que demuestran como quedaron los cuerpos de las tres víctimas, que según dijo, recuerdan los episodios vividos entre los años de los ochenta y noventa. Al tiempo que les explicó la situación de zozobra que viven muchos excontras según estos le han transmitido. Y señaló: “estas elecciones están ensangrentadas, llenas de luto, de odio y dolor”.

Luis Callejas, de la Coalición Opositora Nacional, recordó que la tortura a la que fueron sometidos los fallecidos, es un delito de lesa humanidad que no prescribe.

A raíz de este hecho, dijo Callejas, “tenemos que estar todos juntos y abrir canales de comunicación”. Pero “van a tener que transformar Nicaragua en una tumba, si creen que la oposición se va a callar”.

Violeta Granera, por el Frente Amplio Democrático ( FAD), señaló que estos hechos le hacen recordar las tumbas clandestinas durante los años ochenta, y los crímenes de 300 miembros de la Resistencia Nicaragüense que a ella le tocó dar seguimiento desde un organismo de derechos humanos “y eso quedó en la impunidad”.

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