Tras cinco años de esfuerzos conjuntos, entre las autoridades y organizaciones gremiales y de apoyo al sector ganadero, el Programa Nacional de Trazabilidad Bovina ya incluyó en sus registros al 55 por ciento de las fincas ganaderas del país y al 58 por ciento de las reses.
Sin embargo, representantes del sector consideran que aún hay mucho por hacer para cumplir con las exigencias de trazabilidad que aún impiden la entrada de los productos cárnicos nicaragüenses en algunos mercados, entre ellos la Unión Europea (UE).
De acuerdo con los registros del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) el programa de trazabilidad ya tiene registradas 75,430 fincas de las 136,687 que aparecen registradas en el IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro, 2011).
También ha incluido a 2.41 millones de reses de las 4.13 millones que según el Cenagro 2011 integran el hato nacional. El Programa Nacional de Trazabilidad inició en 2011, pero los primero proyectos pilotos comenzaron a desarrollarse en 2006.
Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua reportan que en agosto de este año la matanza industrial fue de 57,400 reses; y los reportes del IPSA indican que actualmente “el 65 por ciento de las reses que se procesan en los mataderos llegan identificadas con capacidad de trazar”.
Privados apoyan
Además de los equipos del IPSA, en el programa participan también 31 organizaciones ganaderas, entre cooperativas, asociaciones y entidades de apoyo y 542 técnicos que han sido habilitados por el instituto para implementar la trazabilidad.
El programa se ha fijado como meta que “dentro de unos cinco años todas las fincas ganaderas del país estén registradas en el sistema nacional de trazabilidad” y tener la capacidad para incluir cada año a un millón de terneros, que es la cifra que se calcula que nacen en el país anualmente, detallan los reportes del IPSA.
No obstante, todavía hay mucho por hacer para cumplir los requisitos de trazabilidad establecidos en mercados exigentes como de la UE.
“De hecho el avance es importante. Pero hay que considerar que la trazabilidad bovina tiene tres pilares fundamentales que son: el registro de las fincas, en lo que se ha avanzado mucho; el registro de los animales, que también ha avanzado; y el registro de los movimientos del ganado, y es ahí donde actualmente tenemos el mayor desafío”, expone el gerente general de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), Ronald Blandón.
El registro de los movimientos implica que el sistema incluya los traslados de las reses cuando se movilicen de una finca a otra.
Especialistas deben incluir información
“Son los médicos veterinarios, ingenieros agrónomos y zootecnistas que han sido habilitados por el IPSA los que tienen que incluir estos datos al sistema nacional de trazabilidad y sin eso el sistema no tiene mayor solidez. Está muy bien el avance en el registro de las fincas y los animales, pero esto es fundamental y es lo que se debe promover ahora para garantizar que el comprador que quiera hacer un rastreo de la carne puede hacerlo”, asegura Blandón.
Por su parte el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), Álvaro Vargas, considera que para lograr el registro de los movimientos sería fundamental la participación de las alcaldías.
Esto, porque todo productor que quiere movilizar su ganado ya sea por venta a los mataderos o a otros compradores, o por traslado a otra finca por decisiones de manejo, debe acudir a la Alcaldía de su municipio a solicitar una guía de traslado —en el caso de movimiento— o una carta de venta —en caso de comercialización—.
“Las alcaldías serían una fuente importante de recuperación de información, un puente entre el productor y el IPSA. Pero también tenemos que agilizar el tema del ingreso del sistema (privado) que valide el movimiento del ganado, porque el que existe solo lo maneja el IPSA y es muy complejo”, asegura Vargas.
Insisten en crear fondo
Conagan, Faganic, otras organizaciones ganaderas y la industria cárnica y láctea han solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno que cree por ley un fondo con el aporte de los ganaderos (similar al de la caficultura). Entre otros usos dicho fondo financiaría algunas de las actividades de la trazabilidad que el gobierno, a través del IPSA, no tiene capacidad de cubrir.
La creación del Fondo Ganadero —a través de un aporte de los productores— permitiría, según las organizaciones, cubrir los costos que generaría que los técnicos que recolectan la información del movimiento y otras actividades del hato de cada productor, la trasladen al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y una vez entregada devuelvan al productor la certificación de que se recibió la información.
“Esto porque el IPSA no tiene capacidad para mandar un técnico a cada finca a recoger información y luego a entregar la certificación. Pero hasta ahora no hemos logrado que el Gobierno apruebe la creación del fondo”, dice el presidente de Faganic, Álvaro Vargas Duarte.
Según las organizaciones hace año y medio productores e industriales “consensuaron” la creación de este fondo, pero aún no reciben la autorización del gobierno para hacerlo.
Para Blandón otro gran desafío que enfrentará el programa de trazabilidad en el corto plazo es garantizar el registro de un millón de terneros que se calcula nacen anualmente.
“Consideramos que la mejor manera de lograrlo es a través de un programa de fincas segregadas donde el productor que quiera entrar pueda hacerlo de forma voluntaria, pero una vez adentro se comprometa a cumplir las condiciones que exige el programa”, dice Blandón.
Segregar las fincas
La segregación implica que las fincas garanticen las condiciones de sanidad e inocuidad. El costo de la segregación dependerá del nivel de la infraestructura que exista en cada finca, ya que se exigen condiciones básicas como corrales, abrevaderos o bebederos de agua para el ganado y capacidad de alimentar el ganado.
“Un productor que ya tiene estas condiciones básicas lo que le resta es únicamente cambiar sus costumbres y comenzar a llevar registros, anotar cada actividad que realice con el ganado, este es un gran desafío ya que implica un cambio de hábito en la actividad que al final no implica mayor inversión”, sostiene Blandón.
El IPSA ya cuenta con el instrumento para certificar a las fincas segregadas, por lo que cualquier productor que quiera segregar su finca solo tiene que cumplir los requisitos y solicitar la inspección para obtener la certificación.
Para los representantes de las organizaciones todos los esfuerzos que se han realizado en los últimos cinco años —aunque el primer paso en la trazabilidad se dio en 2006 con un programa piloto— garantizarán a futuro la entrada y permanencia de la carne en mercados tan exigentes como el de la UE, pero también en otros tan cercanos como el de Panamá y otros que en el mediano o largo plazo podrían comenzar a exigir la trazabilidad como requisito para el ingreso de los productos de origen pecuario en sus mercados.
Proyecto piloto
Actualmente la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan) impulsa un proyecto piloto de segregación de fincas, que se ejecutará en los próximos tres años.
“Estamos invirtiendo 1.60 millones de dólares, el BID Fomin (Banco Interamericano de Desarrollo) nos dio 800,000 dólares y nuestra contrapartida, que son otros 800,000 dólares la estamos poniendo en conjunto Conagan, Canicarne (Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina) y las cooperativas en las que se va a ejecutar el proyecto”, manifiesta Ronald Blandón, gerente general de Conagan.
Se espera que durante su ejecución incluya unas 800 fincas y la producción de unos 14,000 terneros de calidad que le permitirán a la industria ofrecer uno o dos contenedores de carne inocua, de calidad inocua y que cumpla los requisitos de calidad de los mercados más exigentes.
Prioridades del sector
Según el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), Álvaro Vargas Duarte, las organizaciones del sector le han presentado al gobierno una lista de prioridades de las que depende la mejoría en la producción y productividad del sector. “Son cinco puntos fundamentales, el primero es el Plan de Reconversión, luego una propuesta de ley de fomento que estamos preparando y que incluirá acciones para el sector cárnico y el lácteo, lo tercero es la creación del fondo ganadero, el cuarto punto es el programa Procal II para mejorar los sistemas de producción primario, enfocado en el ordeño para garantizar la calidad de la leche y el último tema es elevar el estatus sanitario del país a riesgo insignificante, ya que actualmente lo tenemos como riesgo controlado”, detalla Vargas.