En la presentación del III Informe de Coyuntura Económica 2016, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), se señaló que el régimen político debe tener legitimidad democrática para que el país pueda seguir creciendo económicamente.
La legitimidad es un concepto fundamental de la doctrina y la práctica política. Consiste en que el poder y el Gobierno deben tener —tanto en su origen como en su ejercicio— una justificación ética evidente e incuestionable para la sociedad y el entorno internacional.
“La legitimidad —indica Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política— se refiere a la credencial ética para mandar y ser obedecido”. Eso significa que el gobierno que carece de legitimidad no tiene autoridad moral ni política para gobernar y los ciudadanos no están obligados a obedecerle. Y aún cuando los ciudadanos no lo desobedezcan, que no se rebelen o tarden en rebelarse contra el régimen ilegítimo, las consecuencias negativas de la ilegitimidad se hacen sentir inevitablemente en la economía, la actividad política y la vida social.
Durante la presentación del informe de Funides, el jueves de la semana pasada, su vicepresidente Gerardo Baltodano Cantarero expresó que esa institución no puede dejar de “pronunciarse sobre situaciones que afectan la institucionalidad del país y nuestros derechos civiles, como son el derecho de participación política, de movilización y la libertad de expresión”. Advirtió que la deslegitimación del régimen político debilitaría la capacidad del país para “seguir avanzando en lo económico” y subrayó que “a la crisis de credibilidad que existe en las instituciones electorales (…) se le suma otra crisis en el ámbito social de igual o quizás mayor importancia, que es la crisis de la educación”.
Por otra parte la oposición mantiene su actitud de no reconocer los resultados de la farsa electoral del 6 de noviembre y demanda que se convoque a verdaderas elecciones, justas, transparentes y con la debida observación electoral independiente, tanto nacional como internacional. Esto es lo único que daría legitimidad al gobierno, cualquiera que sea el partido y el candidato que gane unos comicios celebrados de acuerdo con los estándares internacionales.
Precisamente por la crisis electoral que hay en Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro vino la semana pasada para reunirse con representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, lo mismo que con Daniel Ortega. Almagro vino a confirmar lo que ya sabía, que el gobierno de Nicaragua ha violado sistemáticamente los principios y normas de la Carta Democrática Interamericana.
Al respecto el vicepresidente de Funides expresó que esta institución “acoge con esperanza el establecimiento del diálogo emprendido por el Gobierno de Nicaragua con la Organización de Estados Americanos (OEA), confiando en que será “serio y constructivo que lleve a concretar soluciones específicas de los problemas que aquejan al sistema político nicaragüense”.
Se trata de un gran deseo que seguramente es compartido por muchos nicaragüenses, pero el cual solo podría convertirse en realidad si Daniel Ortega quiere o es obligado a permitir elecciones justas y limpias, condición indispensable para que se pueda recuperar la legitimidad del ejercicio del poder.