Liderazgo sin legitimidad política

“La legitimidad —indica Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política— se refiere a la credencial ética para mandar y ser obedecido”.

05/12/2016
Masacre 22 enero

En la presentación del III Informe de Coyuntura Económica 2016, de la  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides),  se   señaló que el  régimen político debe tener   legitimidad democrática   para que el país pueda   seguir creciendo económicamente.

La legitimidad es un concepto fundamental de la doctrina  y la práctica política.  Consiste en que el poder y el Gobierno deben tener —tanto en su origen como   en su ejercicio— una justificación ética evidente e incuestionable para la sociedad y el entorno internacional.

“La legitimidad —indica Rodrigo Borja en su Enciclopedia de la Política— se refiere a la credencial ética para mandar y ser obedecido”.  Eso significa que el gobierno  que carece de   legitimidad no tiene  autoridad moral ni  política para gobernar y    los ciudadanos no están obligados a obedecerle. Y aún cuando  los ciudadanos no lo desobedezcan,  que  no se rebelen o  tarden en rebelarse contra el régimen ilegítimo, las consecuencias negativas de la ilegitimidad se hacen sentir   inevitablemente  en la economía,    la actividad   política y  la vida social.
Durante la presentación del informe de Funides, el jueves de la semana pasada,   su vicepresidente Gerardo Baltodano Cantarero expresó que esa institución no puede dejar de “pronunciarse sobre situaciones que afectan la institucionalidad del país y nuestros derechos civiles, como son el derecho de participación política, de movilización y la libertad de expresión”.  Advirtió  que la deslegitimación del régimen  político debilitaría la capacidad del país para  “seguir avanzando en lo económico” y subrayó   que   “a la crisis de credibilidad que existe en las instituciones electorales (…) se le suma otra crisis en el ámbito social de igual o quizás mayor importancia, que es la crisis de la educación”.

Por otra parte la oposición mantiene su actitud de   no reconocer los resultados de la farsa electoral del 6 de noviembre y demanda que se  convoque a  verdaderas elecciones, justas, transparentes y con la debida   observación electoral independiente, tanto  nacional como  internacional. Esto es lo único que daría legitimidad al gobierno, cualquiera que sea el partido y el candidato que gane unos comicios   celebrados de acuerdo con los estándares   internacionales.
Precisamente por la crisis electoral que hay en Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro vino la semana pasada  para  reunirse con representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país, lo mismo que con Daniel Ortega. Almagro  vino a confirmar lo que ya sabía,  que el gobierno de Nicaragua  ha violado sistemáticamente los  principios y  normas de la  Carta Democrática Interamericana.

Al respecto el vicepresidente  de Funides expresó que esta institución “acoge con esperanza el establecimiento del    diálogo emprendido por el Gobierno de Nicaragua con la Organización de Estados Americanos (OEA),  confiando en que será “serio y constructivo que lleve a concretar soluciones específicas de  los problemas que aquejan al sistema político nicaragüense”.

Se trata de un gran deseo   que seguramente    es compartido por   muchos nicaragüenses, pero el cual solo podría convertirse en   realidad si Daniel    Ortega quiere o es obligado a permitir  elecciones justas y limpias, condición indispensable  para que  se pueda recuperar  la legitimidad  del ejercicio del poder.

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