Familiares de Jean Carlos Jarquín Pérez, declarado coautor por el asesinato del oficial de Inteligencia del Ejército de Nicaragua, Rafael Ángel Delgadillo Mora, en abril del 2015 solicitan a las autoridades judiciales que sea leída la sentencia final del caso así como el traslado de Jarquín a las celdas del Sistema Penitenciario de Granada.
Jarquín Pérez fue declarado culpable el 28 de agosto del corriente; sin embargo, los familiares aducen desconocer la sentencia, y por ende no pueden apelar. Jarquín Pérez es acusado como coautor de asesinato y de crimen organizado.
Margarita Pérez, madre del detenido en compañía de Cindy Alguera, esposa del mismo, recurrieron a las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para solicitar el apoyo de esta institución en aras de obtener una respuesta en el caso de Jarquín.
El Oficial fue perseguido por un vehículo cuando iba en su motocicleta y fue ultimado a balazos, a trescientos metros de llegar a su casa en el barrio Gaspar García Laviana.
De acuerdo a la madre, Jarquín Pérez trabajaba en un recorrido escolar, y le había comentado que unas personas lo estaban siguiendo, pero que no comprendía por qué. “Él es un muchacho sano”, dice.
“A él me lo siguieron cuatro días, ya al cuarto día ya no me lo siguieron; pero, apenas el fue al recorrido de los niños ellos aprovecharon que andaba solo para agarrármelo en una band –camioneta-, me lo pegaron al carro, y muchas personas miraron, lo cual no dijeron nada por miedo a las autoridades. Eran encapuchados. Mejor dicho me lo secuestraron (…)”., asegura la madre de Jarquín Pérez.
Posterior al suceso, la familia no sabía del paradero de su hijo, sino hasta tiempo después, a través de los medios de comunicación, cuando Jarquín Pérez estaba en el juzgado para audiencia preliminar.
Mientras tanto, Salvador Marenco, abogado por parte del Cenidh, explica que dicho juicio fue declarado en tramitación compleja, y que de acuerdo al artículo 135 del Código Procesal Penal, cuando un juicio dura más de 30 días en tramitación compleja se tiene 10 días para dictar y dar por notificada la sentencia, pero “han pasado tres meses y diez días, lo cual ha coartado el derecho de estas personas de ser escuchados por una autoridad judicial superior, y por ende, a su derecho a apelar”, dice.
Además, también dijo que el Sistema Penitenciario Nacional en cualquiera de los centros es el encargado de la ejecución de la pena y de las medidas cautelares privativas de libertad y no ninguna de las delegaciones policiales.
Es por tanto, que “exhortamos a las autoridades judiciales a dictar sentencia y procurar el derecho de apelar de esta parte (…) y al Chipote –la cárcel- a ser trasladado a un centro penitenciario”, en el caso de Jarquín Pérez, a Granada.