De hecho, Daniel Ortega ha suspendido todos los preceptos contenidos en las declaraciones constitucionales. Esta realidad es de total importancia ya que indica que los ciudadanos nicaragüenses no encuentran en las leyes los medios para protegerse contra la violación de sus derechos. Actualmente la Constitución en Nicaragua no tiene significado alguno, aparte de ser un compendio de previsiones, demarcaciones y protecciones teóricas que con propósitos de exportación utiliza el dictador para hacer creer a la comunidad internacional que Nicaragua es una república.
Por eso, en este país todo sucede bajo el eclipse legal: los testigos se incriminan a sí mismos, las moradas de los ciudadanos son allanadas arbitrariamente, las leyes penales se aplican con indefinida retroactividad, el derecho de protección de la libertad física no conoce garantía, la posibilidad de defender los derechos humanos por la vía judicial es una simple quimera.
En Nicaragua, las declaraciones constitucionales que dictan las limitaciones al poder público son meras formalidades diseñadas al capricho y antojo del mismo aparato dictatorial. Esto es, precisamente, lo que deja a cada nicaragüense a merced del dictador Daniel Ortega. A su vez, esto es posible porque el tirano logró apoderarse de toda autoridad y dispone de las Fuerzas Armadas.
Hoy día, el nicaragüense no puede buscar amparo en un sistema judicial que resuelva a través de cualquier acción efectiva el ejercicio de los derechos del ciudadano puesto que la autoridad judicial está totalmente obligada al dictador. En Nicaragua la justicia es dispensada como un favor proveniente de un cruel Hombre Fuerte.
Ortega, igual que todo dictador, teme únicamente a la Fuerza Pública reflejada como actitud ciudadana o como poder monolítico unido en la aceptación de valores libertarios. Esos valores que hacen a cada ciudadano amar, sentir y respetar la libertad como una condición fundamental de la existencia misma. Es por eso que encontramos al reticente Ortega en el interminable vaivén de apagar pequeños fuegos y encender devastadoras hogueras; comprando opositores o bloqueando con fuerza bruta todo intento de manifestación pública.
El hecho de que el próximo 10 de enero (2017), como resultado de una farsa electoral, Ortega asumirá nuevamente la Presidencia de la República (y esta vez acompañado de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta), solo viene a confirmar el ambiente de desintegración constitucional que impera en Nicaragua.
En medio de las imposiciones del orteguismo, como ya indicamos en el 2011, esa maquinaria constituye el núcleo político de una cultura que ha encontrado cómplices delictivos a través de todos los sectores. Y a pesar de la traición de los líderes políticos de oposición, y entre las burlas de ocasionales observadores extranjeros que aman posiciones pero menosprecian la paz, y ante una comunidad internacional que desestima su propia capacidad y obligación de sanción moral y se aferra a reconocer las ilegales y fraudulentas reelecciones de Ortega, una gran mayoría de la población nicaragüense se mantiene a favor del sistema republicano. Esto crea y estimula una polarización altamente amenazante.
A medida que aumente esa polarización, Ortega recurrirá ascendentemente a la opresión, pues instintivamente se aferra al principio extremista de que el poder sale de la boca del fusil. Y es que todo dictador cuenta transitoriamente con la fuerza bruta, solo para llegar a un trágico, inevitable final. Final que a menudo reclama decenas de miles de muertes de inocentes civiles.
Sin embargo, en ciertos círculos se conoce que dentro del Ejército Nacional de Nicaragua se ha despertado un renovado grado de conciencia moral. Y, en verdad, dado el clima político nacional, estos son los únicos que podrían rescatar al pueblo nicaragüense de la axiomática consecuencia revelada por el Barón de Holbach: “Ningún poder sobre la tierra puede por largo tiempo ser tiránico con impunidad de sosiego”.
Ante la posibilidad de que el Ejército alcanzara la cima de esa moralidad, su existencia institucional se tornaría prestigiosa y llegarían a ser el símbolo de poder relacionado con la garantía del sistema republicano y democrático en Nicaragua.
Sirvámonos de los ejemplos del Ejército de Portugal (1974), Malí (1991), Níger (2010) y, desde hoy y por siempre, hagamos que nuestro Ejército escuche el clamor nacional: Queremos un Ejército amigo de su pueblo.
El autor es economista y escritor.
