Muchos derechos humanos, reconocidos y establecidos por los instrumentos jurídicos internacionales que comprometen a todos los Estados a respetarlos, en Nicaragua son violados de manera sistemática por el régimen dictatorial de Daniel Ortega.
Pero no solo las personas comunes sino también los defensores de los derechos humanos, que cumplen una función de primordial importancia para la sociedad, a menudo son víctimas de amenazas e inclusive atropellos del régimen para impedir o castigar sus actividades.
Precisamente el día de hoy, 9 de diciembre, se conmemora en todo el mundo un aniversario más de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, proclamada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.
La ocasión es propicia para que la sociedad reconozca y agradezca a todos los defensores de los derechos humanos que forman parte de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), y de los organismos similares del Caribe, por su trabajo abnegado en defensa de los derechos y la dignidad humana de todas las personas, desafiando cualquier clase de limitaciones y las amenazas del régimen dictatorial orteguista.
En este sentido tiene mucha significación que la Iglesia católica de Nicaragua celebre hoy una misa especial en la iglesia de El Carmen, oficiada por monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de Managua, en favor de la seguridad, la integridad física y la vida de los defensores de los derechos humanos y, en general, por la paz y el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
Precisamente mañana es el Día Mundial de los Derechos Humanos, el cual se celebra todos los años en conmemoración de que el 10 de diciembre de 1948 fue proclamada, también por las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal y las demás convenciones y tratados internacionales de derechos humanos, tienen valor de leyes nacionales según dispone la Constitución de Nicaragua en su artículo 46. Sin embargo, el régimen orteguista no los respeta, los viola de manera deliberada, como si fuera una política de Estado.
El tema de los derechos humanos es primordial en Nicaragua. En este país el problema no es solo de disfuncionalidad política e institucional, es decir, de elecciones fraudulentas, sometimiento político de la justicia, de centralización de poderes en manos de una sola persona y un solo partido, de pérdida de las autonomías municipal y universitaria, de restricción de la libertad de información, de falta de rendición de cuentas públicas, etc. El problema de Nicaragua es también y ante todo de flagrante irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad personal, social y nacional de los nicaragüenses.
La recuperación del respeto a los derechos humanos y por lo tanto del honor de todas las personas, incluyendo a los partidarios del régimen establecido, es la principal tarea pendiente en Nicaragua. Y solo se puede resolver con la restauración de la libertad y la democracia.