La actual Ley General de Migración de Costa Rica ha reducido las posibilidades de alcanzar regularización migratoria para los extranjeros, según el último informe de Estado de La Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
En el estudio se pone como ejemplo de esta situación “el cobro de cien dólares por cada mes de estancia irregular en el país” a los extranjeros irregulares, que aún no se aplica, pero está contemplado en la legislación. “Es necesario adecuar las tarifas y multas previstas en la Ley a la realidad de la mayoría de las personas migrantes, caracterizada por situaciones de exclusión social, bajos niveles educativos, informalidad e incumplimiento de garantías laborales”, añade.
En el año 2010 el Parlamento costarricense aprobó una nueva ley migratoria, que entró en vigencia en 2012. Desde su inicio, fue criticada por organismos que defienden los derechos de los migrantes porque en vez de procurar el respeto a sus derechos humanos y promover su inserción en la sociedad, promueve el trabajo en condición migratoria irregular de los extranjeros que vienen a Costa Rica, debido a los altos costos y complicados requisitos para obtener una residencia, aseguraron.
En ese momento, Carlos Sandoval, sociólogo de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gatica, investigador de la Universidad Estatal a Distancia, y Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para Migrantes, señalaron que en el 2010, 23,210 inmigrantes —principalmente nicaragüenses— presentaron trámites de regularización ante las oficinas migratorias y un año después, esa cifra disminuyó a 14,115. Esta baja, adujeron, fue debido a la entonces nueva ley.
Pagar 373 dólares por residencia legal
En 2010, cifraron que solo ante la entidad migratoria un foráneo debía pagar 373 dólares para obtener una residencia legal, siempre y cuando cumpla con requisitos. El costo podría elevarse hasta 800 dólares, si se incluyen gastos que el inmigrante debe hacer en su país de origen, entre ellos costo del viaje y auténticas de documentos.
Seis años después, el informe Estado de La Nación en Desarrollo Humano Sostenible cita las carencias de esta ley y atribuye a sus consecuencias el bajo nivel de aseguramiento de trabajadores nicaragüenses, cifrado en 67 por ciento. Según Sandoval, nada nuevo dice el informe. “Quizás lo novedoso pueda ser que seis años después, la situación no ha cambiado”, señala.
En el Parlamento costarricense hay dos reformas a esta ley para revertir sus carencias. No obstante, Sandoval no ve escenario para que pueda aprobarse alguna de ellas, dado que el gobierno no tiene mayoría de diputados y sus prioridades son otras, como una posible reforma fiscal.
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Según el sociólogo, en Costa Rica no sería bien visto que el gobierno impulse reformas migratorias que favorecerían a una población, en este caso la nicaragüense, si el gobierno del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, mantiene bloqueada la fronteras para el paso de migrantes cubanos, haitianos, asiáticos y africanos.
Cifras de encuesta 2015
La Encuesta Nacional de Hogares de 2015 reveló que 217,443 nicaragüenses mayores de 15 años viven en Costa Rica, de estos, el 70.9 por ciento participa del mercado laboral tico y 9.5 por ciento estaban desempleados.
El año pasado, el 11.9 por ciento de la fuerza laboral de Costa Rica era extranjera y, de ese total, el 81 por ciento era nicaragüense. Este grupo tiene un mayor porcentaje de ocupación (64 por ciento) y menos población fuera de la PEA (29.1 por ciento) que el promedio nacional.
Por ramas de actividad, esta población nicaragüense se inserta de manera predominante en el servicio doméstico (39.4 por ciento de las mujeres), el sector agropecuario (23.1 por ciento de los hombres) comercio y reparación de vehículos (15.6 por ciento), construcción (23.8 por ciento de los hombres) industria manufacturera (10.2 por ciento), alojamiento y servicio de comidas (14.3 por ciento de las mujeres).
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