El 17 de diciembre cumple un año que Francisco Joseph Spelma fue secuestrado por colonos en la comunidad Esperanza Río Wawa. Su esposa, Amalia Ralhp, aún se queja de que la Policía y el Ejército rehusaran apoyarla en la búsqueda.
“Se lo llevaron, no sé dónde lo tienen, o lo botaron o lo mataron, no sé”, dice Ralhp, quien sostiene que en su momento las autoridades le alegaron que “no podían entrar en el monte”.
Otros dos asesinados
Ella señala que está sola, que en la casa no tiene nada y por el miedo no puede dormir por las noches, pues cuando su marido fue secuestrado junto con los comunitarios Balerio Meregildo y Ángel Flores otros dos indígenas fueron asesinados: Rey Müller y Den Silwa.
Igualmente esos crímenes están en la impunidad y demuestra que las comunidades indígenas del Caribe Norte están dentro de los grupos a quienes más se les ha vulnerado sus derechos humanos en el país.
Igual que Amalia Ralhp, Benita Carter Peralta y Alejandra Jarquín reclaman porque las muertes de sus parientes Bernicia Dixon Peralta y Francisco Benli y su hijo tampoco queden en la impunidad.
La matanza de esa familia en Alamikamba, Prinzapolka, el pasado 27 de noviembre, preocupa a Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), pues los hechos sangrientos por invasiones de tierra hasta ahora se registraban más que todo en el municipio de Waspam, también Caribe Norte, pero ahora se demuestra que se ha extendido a otros municipios.
“El Estado continúa discriminándonos”
“El Estado continúa discriminándonos, nosotros nos sentimos como en el apartheid que todavía existe la discriminación, porque no se atiende la petición de los pueblos indígenas, nos siguen violentando estos derechos, específicamente el derecho a la vida, el derecho a la subsistencia, el derecho a la identidad cultural”, sostuvo la defensora de Derechos Humanos.
Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había hablado de una protección sobre la vida y sobre la integridad personal, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “fue más allá, dice que Nicaragua debe de proteger la vida de los pueblos indígenas, su integridad física, su territorialidad e identidad cultural, lo cual nos parece muy bien”.
Falta de apoyo
“La situación que estamos viviendo es muy triste. No hay apoyo de las autoridades tanto de la Policía como de la (autoridad de la) región; a quienes apoyan es a los mestizos”, criticó Benita Carter Peralta, quien señala que la demanda principal es que se ejecute a la inmediatez el saneamiento de sus comunidades. Dijo que ahora no pueden moverse “tranquilamente en la comunidad porque estamos rodeados de colonos”.
Aunque la Policía capturó a un sospechoso en el caso de la matanza de la familia de Bernicia, sus parientes piensan que hay un autor intelectual del crimen y a quien identifican con el apellido Rugama y que demandan también sea detenido.
“Pedimos justicia. Si la autoridad no lo hace (impartir Justicia) nosotros mismos lo vamos a hacer”, advirtió Jarquín, quien refirió que entre las demandas de los comunitarios está que no puede haber dos síndicos, uno elegido por la comunidad y otro elegido por el secretario político del partido Frente Sandinista, pues en este último caso, según la denunciante, permite los avales y promueve las invasiones de tierras.
Largas vacaciones los afectaron
Las denunciantes forman parte de un grupo que ayer viajó a Managua con intención de visibilizar el problema y demandar ante la Procuraduría General de la República (PGR) ejecute realmente el saneamiento de sus comunidades, pero se encontraron con los días festivos autorizados por el Gobierno al sector público, pese a que hay comunitarios que requieren de al menos tres días para salir de sus comunidades hacia la capital.
A la fecha, 12 comunidades indígenas miskitas de Waspam tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a seis de ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) les concedió medidas provisionales, la última comunidad fue Esperanza de Río Coco, luego que en agosto pasado dos comunitarios fueron asesinados por colonos, después de haber sido secuestrados, recordó Cunningham, quien considera que han agotado todos los mecanismos.