La fabricación de cédulas de identidad en Nicaragua —cuestionada en el pasado porque el documento se entrega con criterios partidarios y también por la revelación de casos documentados en los que narcotraficantes o guerrilleros colombianos aparecieron con identificaciones nicaragüenses— se da en el marco de un proceso “inauditable”, según un experto electoral.
Para Dionisio Palacios, exdirector de Cedulación del Consejo Supremo Electoral (CSE), existe una mala administración de esa institución respecto a la emisión de documentos de identidad. Esta es parte de las conclusiones que Palacios hizo durante el foro nacional “Cedulízate Nicaragua”, organizado por la Red Local a finales de noviembre en Managua.
Palacios señaló que en el sistema actual no es el director de Cedulación quien tiene a su cargo la elaboración de los documentos, sino la Dirección Nacional de Informática del CSE, que a su vez depende directamente del presidente de este poder del Estado: el magistrado Roberto Rivas.
“Usted como director manda el expediente. A veces (lo hacen) directo del magistrado a fábrica. ¿Cómo diablos controla un director esa cédula? El director ni cuenta se da. Ahí va el asistente del magistrado y le dice al de fábrica: ‘Es urgente’. Y de repente el de Cedulación no vio el expediente ni la cédula”, explicó Dionisio Palacios.
Durante el foro mencionado, Palacios hizo la ponencia titulada “Retos técnicos del registro de nacimiento y la cedulación en Nicaragua”, en la que señaló la corrupción imperante en el sistema electoral, controlado en todas sus estructuras por el partido gobernante.
“El CSE está colapsado. El nivel de corrupción, ni siquiera hablamos de desconocimiento técnico, trata de boicotear un proceso cívico y volcarlo en favor de un partido político. Ni reformando el marco legal esto mejoraría”, lamentó Palacios.
LOS DATOS OFICIALES
Las conclusiones de Palacios sobre el proceso son públicas casi dos meses después de que el CSE expresó que tenían avances en la cedulación.
El magistrado Rivas dijo que en el año 2000, cuando asumió la presidencia del tribunal, había un millón de cédulas sin entregar. “La concepción era de que si se le entregaba la cédula al ciudadano, la perdía y no iba a poder ejercer su derecho al voto, y tampoco había una exigencia de que el documento de identidad fuera utilizado para todas las actividades y derechos ciudadanos”, expresó Rivas el 17 de octubre pasado ante los medios oficialistas.
“Para que se den una idea de los avances que hemos tenido, en el año 2000 hubo 420 mil y algo documentos supletorios (usados para votar cuando no se tiene cédula); en el año 2002, 110 mil; en el año 2004, 182 mil; en el año 2006, 38 mil, esto debe ser de las regiones; 165 mil en el 2011; 88 mil en el 2012 y 163 en el 2016. Básicamente hemos actuado en tiempo real con la fabricación del documento de identidad y entregarlo”, defendió el magistrado en esa ocasión.
Sin embargo, Palacios expone más problemas en el proceso de cedulación. Las Alcaldías son las encargadas del Registro Civil de las Personas y el CSE elabora las cédulas.
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UN GRAN NEGOCIO
Palacios recordó que el Registro Civil nació en la Corte Suprema de Justicia, luego el poder judicial autorizó al CSE emitir partidas de nacimiento, lo que significó una entrada financiera al cuestionado tribunal electoral. “En las Alcaldías pobres su principal entrada es el registro de nacimiento. El CSE les quita sus libros de inscripciones, y en vez de hacer un archivo nacional como base para cedulación, no para cobrarle al público, le quita la entrada a las Alcaldías”, alertó.
Para Palacios, los registradores son funcionarios que lamentablemente están sometidos a los vaivenes políticos. “No son estables, cuando hay cambios de alcaldes los despiden. La poca experiencia que agarró ahí se fue. El cambio político del alcalde significa el cambio político de la estructura”, criticó.
Además —sostuvo— “se debe explicar que el Registro Central del Estado Civil de las Personas está subordinado al CSE. Pero, ¿de dónde alimenta el CSE esa base? De los libros de registros que les quita a las Alcaldías dizque para microfilmarlas, pero no es para hacer un archivo nacional de nacimientos, sino que lo ha traducido en un negocio cobrando hasta 130 córdobas por cada partida de nacimiento y a los mismos que están cedulándose y eso no puede ser”.
Millonarios fondosLa proyección de ingresos, calculados para este año que es administrado por el tribunal electoral, puede alcanzar los 104.3 millones de córdobas, según Leonardo Labarca, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).“El CSE es la institución que menos información da sobre la ejecución presupuestaria. No se brinda información sobre cuánto recauda en reposición y renovación de cédulas”, dijo el especialista.
