La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (DD. HH.) es un buen momento para señalar el incumplimiento de estos, pero si como sociedad civil cuestionamos nuestra estrategia de incidencia para defender la democracia y apostamos a la formación en Derechos Humanos, se podría dinamizar el debate y cambiar el accionar del gobierno por el temor a las repercusiones internacionales.
Recientemente vi declaraciones del magistrado Francisco Rosales, refiriéndose a la protesta de los campesinos destacando la necesidad del permiso para marchar, lo que es falso, porque al ser las marchas parte de la libertad de expresión, pedir permiso equivaldría a censura previa, lo que es inconstitucional. Puede que esto sea ignorancia o cinismo, pero del otro lado, sobre la misma situación y en el mismo medio, un defensor de derechos humanos declaró que Amnistía Internacional era una instancia internacional, lo cual es igualmente falso, porque esta organización, aunque con presencia en muchos países, no es hija del Derecho Internacional y por lo tanto no es instancia internacional.
Tenemos malos operadores de justicia, pero también tenemos deficiencias en nuestra estrategia para hacer valer los derechos. La situación se agrava si consideramos la regresión en materia de autonomía universitaria y libertad de cátedra, que incluye universidades privadas. Los docentes no se expresan con libertad por temor a la represalia, en las universidades se enseña Derecho, pero no se enseña a cuestionar la legitimidad de las leyes o la realidad. Además, los futuros abogados y defensores de la justicia, son absorbidos por el sistema, quien les enseña a no ser incómodos para el poder o estarán condenados al desempleo.
En este escenario, las injusticias que ocurren en el país y la mediocridad en la enseñanza del Derecho, se profundizan. Pero esta situación no se revierte convirtiendo a las facultades de Derecho en el pódium de la clase política opositora, este no es el rol de la universidad, sino promover el debate público y ser un espacio de reflexión e integración. Benito Juárez dijo: “Nada con la fuerza: todo con la razón y el Derecho”. Esa es la esencia de una facultad de Derecho.
La función de un poder judicial es dotar de contenido a los derechos reconocidos en nuestra Constitución Política, pero eso en Nicaragua no es posible por la falta de independencia de este poder del Estado. Por ello, es de gran importancia que la referencia de Derechos Humanos en los futuros abogados sean los estándares internacionales establecidos por instancias internacionales como la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y/o los comités y relatorías de Naciones Unidas.
La constitución de estas instancias deriva de la voluntad expresa de los diferentes Estados y son integradas por expertos de muchas nacionalidades, quienes finalmente generan los estándares internacionales (mínimos) sobre el alcance conceptual o contenido sustancial de los Derechos Humanos.
Conocer estándares internacionales de Derechos Humanos: mejorará la capacidad argumentativa de los estudiantes; promueve la educación crítica, al poder interpelar con fundamento el proceder de las autoridades; acercaría a los estudiantes a su realidad; brindaría más y mejores herramientas a futuros defensores de Derechos Humanos; y mejoraría nuestra competitividad en la educación en Derecho respecto de las tendencias internacionales actuales.
Si los abusos del poder se documentan y traducen en violaciones a los Derechos Humanos, según estándares internacionales, las autoridades deben responder en ese tenor, cambiando la lógica del debate. Es importante que los futuros abogados conozcan el Derecho, pero es más importante que se comprometan con la justicia. Las universidades existen por la sociedad y están obligadas a contribuir a su desarrollo, para ello en la enseñanza del Derecho deben promover el estudio crítico que cuestiona la realidad y busca construir una sociedad más justa.
El autor es maestro en Derechos Humanos.